Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
En México, la tasa de participación de los hombres es del 72.75%, mientras que la de las mujeres apenas rebasa el 40%, es decir, subsiste una brecha de más de 30%, por lo que la ONU México considera que la participación de las mujeres en actividades productivas es fundamental para el crecimiento de la economía de cualquier país.
Si la misma tasa de mujeres participara activamente, el ingreso per cápita sería 22% más alto, mucho más de lo que se ve en otros países de la OCDE. Si se implementaran políticas para aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres en 0.6% al año, esto contribuiría a la eliminación de la brecha de género en la participación laboral y llevaría a un crecimiento económico de 0.4% anual.
Es importante señalar que la participación de las mujeres en el mercado laboral varía según la localización geográfica, en relación con las tradiciones culturales, las oportunidades laborales y los esfuerzos políticos por coadyuvar a las mujeres a incorporarse al mercado de trabajo.
El patrón del empleo asalariado femenino puede distinguirse universalmente por tres características: las mujeres se concentran en ciertos sectores y ocupaciones (segregación horizontal); tienden a estar en posiciones en el extremo inferior de la jerarquía ocupacional (segregación vertical) y; las mujeres como grupo ganan menos que los hombres como grupo.
En México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) sobre la población de 15 años y más, en promedio en los últimos dos años la tasa de participación de los hombres es del 72.75%, mientras que la de las mujeres apenas rebasa el 40%, es decir, subsiste una brecha entre hombres y mujeres de más de 30%.
Por el lado de la demanda, se consideran barreras importantes las expectativas sociales del género expresadas en la actividad económica, por ejemplo, la suposición de que las mujeres están mejor capacitadas para labores ligadas al cuidado y aquellas que implican menor esfuerzo físico, así como barreras legales, tal como la falta de una prohibición a empleadores potenciales del cuestionamiento sobre la situación familiar de una mujer durante el proceso de contratación.
