“Sólo vemos a un Estado fallido, y a una sociedad machista que enjuicia a mujeres que sólo buscan defender su vida”, señalaron las manifestantes en referencia al caso de Maricela.
Adriana Santos / Diario de Chiapas
Activistas feministas se manifestaron afuera del Palacio de Justicia en San Cristóbal de Las Casas exigiendo la libertad de Maricela, una mujer indígena tseltal, originaria de la comunidad La Florida, municipio de Rincón Chamula detenida desde el pasado mes de noviembre de 2019 acusada del asesinato de su pareja, Juan.
Integrantes de la Colectiva Cereza, quienes han interpuesto diversos recursos de apelación en el caso para apelar a la libertad de Maricela, denunciaron que sin una orden de aprehensión la policía municipal llegó a su vivienda y la detuvo. Durante esta acción, se presume que Maricela, por su condición indígena, sufrió malos tratos, como dejarla sin alimentos y sin otros derechos de los que era merecedora.
“La Fiscalía, lo que siempre hace, es inventar un relato, porque no es el único caso que hemos llevado de este tipo. Porque no es como lo dicen, ‘que Maricela agarró un palo, se volvió loca y lo mató’, sino que se debió analizar el contexto, hacerlo con perspectiva de género, basado en la interculturalidad, de derechos humanos, pero nada de eso ocurrió”, señala la agrupación.
De acuerdo con el relato de los hechos, se sabe que la noche del 22 de noviembre de ese mismo año, Juan, entonces esposo de Maricela, entró a su casa ebrio y drogado donde con su machete amenazó con matarla.
Ella, a modo de defensa agarró un trozo de leña y le pegó un par de veces, hasta dejarlo tirado en el patio, sin vida. Actualmente se encuentra recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
“Para colmo, la juez Dora Luz López Méndez le dictó, el pasado 27 de abril, una sentencia de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado en agravio de quien no sólo fue su marido, sino su verdugo, pues desde tiempo atrás este último ejercía violencia física, verbal, psicológica y hasta económica en su contra”, dijo una representante de dicha colectiva.
Añadieron que en este caso ha habido muchas irregularidades puesto que Maricela nunca tuvo a su alcance un traductor de su lengua, de su lengua, además de que ella ya había denunciado en su comunidad que ella y sus dos hijos eran víctimas de violencia familiar.
Ante ello, informaron que presentarán un recurso de apelación por la sentencia dictada por la juez encargada del caso, para demostrar que Mariela solo actúo en defensa suya y de familia, pues durante ese año, además de tener tres menores, se encontraba embarazada.
