Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Las familias de víctimas de feminicidios se dicen preocupadas por los casos donde los acusados obtienen amparos que conceden su libertad y con esto, a decir de la sociedad civil, la autoridad envía un mensaje de permisividad del delito.
Selene Domínguez, integrante de la Red de Familias Víctimas de Feminicidio en Chiapas, lamentó el actuar de las autoridades e informó que de los 15 casos que tienen como Red, varios aún continúan en proceso.
“Acabamos de pasar la audiencia de Brenda, la militar asesinada en Chicoasén, y por desgracia hemos hallado algunas problemáticas, como el no encontrar a los testigos”.
Recordó, además, que en específico el caso de Maricarmen Escobar, originaria de la Costa de la entidad, quedó a medias, “su familia llegó hasta las últimas consecuencias, pero no obtuvieron la justicia que esperaban”.
La también feminista dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe enfocarse en la importancia del trabajo que realice en sus pesquisas y cuando se integra una carpeta de investigación.
Con ello se busca tener una carpeta de investigación firme, sin omisiones por parte de los fiscales del Ministerio Público, pues con eso las familias víctimas de feminicidio podrán acceder a la justicia.
“Insistimos en que los jueces juzguen con perspectiva de género, que dejen atrás esas creencias machistas, misóginas, y que atiendan lo que se presenta en la carpeta, y de esa forma éstas pueden resistir las apelaciones y los amparos, porque es mediante estos últimos que el feminicida es liberado”, finalizó.
