Jeny Pascacio/ Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación a resolver el amparo que promovió para que el Instituto Nacional de Migración cese la criminalización de las personas en movilidad y las restricciones de ingreso en la frontera sur de México, vigentes desde marzo de 2021.
A través de un video, la organización con sede en Tapachula, Chiapas, informó que el Poder Judicial determinó que, en tanto se resulta el juicio, el INM y la Secretaría de Gobernación deben abstenerse de emitir en los distintos medios de comunicación oficial discursos o mensajes discriminatorios, estigmatizantes, segregantes y marginantes en contra de las personas migrantes o extranjeras en situación de movilidad que ingresan a este país.
“Hacemos un llamado al poder judicial a resolver el amparo en favor de las personas migrantes y refugiadas para caminar hacia la construcción de un país sin racismo ni discriminación”, agregó el Frayma.
Desde el primer año de la pandemia por el COVID-19, la organización dio cuenta de los mensajes discriminatorios y xenófobos que el Instituto Nacional de Migración publica en sus textos oficiales para señalar y condenar a las personas migrantes como portadoras del virus.
Uno de los ejemplos es el boletín 366 publicado en octubre de 2020 en el que advierte una sanción a quienes ingresen al país sin medidas sanitarias. En el mismo cita el Código Penal Federal en su Artículo 199-Bis, que establece una sanción de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa quien a sabiendas que está enfermo de un mal grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro.
“Pese a que las informaciones oficiales de las autoridades de salud en México, afirmaban que la llegada de personas no implicaba un riesgo sanitario”.
Pues en el mismo mes de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que científicamente es erróneo hacer un paralelismo entre migración y riesgo sanitario para la población residente.
“2 mil 900 personas de la nacionalidad es improbable que contribuyeran significativamente a un problema de salud pública de México”.
