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Sanción por no usar cubreboca es una pifia

Ainer González/ Diario de Chiapas

La decisión del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, de sancionar a la población por no usar cubrebocas en la vía pública, es una determinación ilegal, ya que no existe reglamento, ni marco jurídico para amonestar a la ciudadanía.

Luego de que el Cabildo de Tuxtla aprobara –por determinación del edil– el uso obligatorio de cubrebocas tanto en espacios públicos como en lugares cerrados de convivencia, Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, dio a conocer que no existe autoridad que pueda regular este tema, ya que no hay en el sistema legal un reglamento para aplicar sanciones de este tipo.

“Todavía no hay un marco regulatorio, no hay reglas específicas… sin embargo, la mayor sanción por no cuidarse es una enfermedad y quizá hasta la muerte, es llamar a concientizarse, evitar andar sin protegerse, porque es para su bienestar”, apuntó.

Ante esto, el abogado manifestó que el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez por un lado recomienda el cuidado y bienestar de la población, pero por otro lado, distorsionando las comunicaciones con informaciones como las que emitió Morales Vázquez en un video-mensaje.

“Desgraciadamente el gobierno recomienda y a la vez lo distorsiona diciendo otros temas”, explicó.

Durante la tarde del 1 de julio, el alcalde anunció a través de las redes sociales la decisión de hacer obligatorio el uso del cubrebocas para toda la ciudadanía y señaló que las personas que no cumplan con esta disposición serán sancionadas, amonestaciones que no fueron dadas a conocer en el informe, pero esta casa editorial verificó que la amonestación podría ser económica o arresto por 36 horas, por poner en riesgo a la población.

Hasta el día 131 de la contingencia sanitaria en Chiapas, la demanda de este artículo ha ocasionado que su costo se haya elevado; sin embargo, un cubrebocas desechable tiene precios –en promedio- de 5 pesos por pieza, es decir, en un lapso de siete días una persona debe destinar 35 pesos para la compra de este insumo, lo cual no es 100 por ciento recomendable por las autoridades de Salud, ya que la protección para el usuario resulta mínima.

Por mínimo que resulte el gasto, el Ayuntamiento no reflexionó que existen trabajadores y trabajadoras que viven al día, ganando menos de 123 pesos en un día laboral –menos del salario mínimo–, es por ello, que la entrega gratuita de este insumo médico debe garantizarse, considerando los ostentosos gastos que ha devengado la administración de Carlos Morales en otros rubros.

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