la CEM rechaza la política migratoria de contención que criminaliza e impone medidas privativas de libertad a personas en contexto de movilidad humana
Marco Alvarado/Diario de Chiapas
La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez lamentó la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde más de 40 migrantes murieron quemados dentro de una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM).
Recordando que las tragedias de la población en tránsito han enlutado a cientos de familias, como ocurrió hace más de un año en Chiapas, con el accidente de un tráiler en el que murieron 56 personas, esta vez la Arquidiócesis compartió el sentir de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que lamenta la muerte de al menos 40 personas migrantes y más de 29 personas que resultaron gravemente heridas, como consecuencia del incendio dentro de las instalaciones del INM.
En opinión de la CEM estos hechos “comprometen la responsabilidad internacional del Estado mexicano que se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, sobre todo porque existe la obligación de garantizar los derechos humanos a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio o bajo su jurisdicción”.
Y citan como antecedente que apenas la semana pasada esta Pastoral de Movilidad Humana había solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), medidas cautelares en su aspecto tutelar, con el fin de evitar actos u omisiones que resulten en daños irreparables y violaciones graves a los derechos humanos de las personas en contexto de migración en Ciudad Juárez, en razón de la situación grave y de riesgo probable en que se encuentran.
“Sin embargo, la CNDH, fue omisa en su otorgamiento, pese a que es del dominio público que cada vez ocurre un mayor número de detenciones de personas migrantes para posteriormente ser privadas de su libertad en estaciones migratorias”.
Luego de conocerse esta nueva tragedia de la población migrante en México, la CEM rechaza la política migratoria de contención que criminaliza e impone medidas privativas de libertad a personas en contexto de movilidad humana “y exigimos al Estado mexicano, políticas públicas con enfoque de derechos humanos que permitan establecer alternativas a la detención migratoria y garantice la vida, la libertad y la integridad de las personas migrantes”.
También enfatizaron que no pueden ser llamados albergues los centros de detención migratoria, cuando en realidad están criminalizando a las personas migrantes.
