Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Una mujer víctima de violencia familiar y amenazas de muerte, pide justicia y detención de su agresor, liberado en febrero por presuntos actos de corrupción del Ministerio Público, Juez de Control y Policía Municipal de Ocosingo.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa documentó el caso de Ana Patricia Pérez Cruz, que el 4 de octubre de 2009 se unió en vida marital con José Enrique Pérez Pérez, quien durante diez años la maltrató física y psicológicamente en Petalcingo, municipio de Tila.
En el año 2015, “mi ex pareja empezó a cambiar de actitud, empezó a golpearme y a maltratarme constantemente”. Los maltratos siguieron durante un año.
“Siempre me amenazaba con matarme si lo dejaba, a todo esto, yo no decía nada, me quedaba callada, ya que, si me quejaba, decía que me iba peor. Me amenazaba con quitarme a mi niño que se lo iba a llevar lejos y que nunca más lo iba a ver”.
En el año 2017 denunció ante el ministerio público de Yajalón. La demanda quedó asentada en la carpeta 468-109-1007-2017. Entonces, la autoridad giró tres citatorios pero el agresor huyó a Cancún, Quintana Roo.
El caso nunca fue investigado y esta omisión de la autoridad lo hizo volver, obligándola bajo intimidaciones, a regresar a vivir con él.
En noviembre de 2020, debido a sus constantes insultos, humillaciones y amenazas de muerte, la denunciante decidió separarse. En venganza Jorge Enrique la sacó por la fuerza de su propia casa y se quedó con el hijo de 8 años que juntos procrearon: “Por más que le rogué para que me entregara a mi hijo nunca me dejó verlo”.
El 8 de febrero de 2021, Ana caminaba junto a su madre por el parque central de Petalcingo, cuando de repente se estacionó una camioneta marca Nissan, “quien se bajó de ese automóvil fue mi ex pareja José Enrique Pérez Pérez, sin decir nada me abrazó con toda su fuerza, quería llevarme a la fuerza y subirme en la camioneta, pero no me dejé”.
Tanto su progenitora como la denunciante forcejearon para defenderse de las agresiones. Ante el alboroto, vecinos del lugar acudieron a defenderlas y llamaron a la policía. “Pero los policías del ayuntamiento son familiares de mi ex pareja y rápido pidieron apoyo con el presidente municipal Limber (Gregorio Gutiérrez Gómez). Por eso el policía de nombre César Oleta Pérez, no firmó el documento cuando entregó al detenido al ministerio público”.
El MP le aconsejó que en cuanto le regresaran a su hijo, desistiera de la denuncia y el abogado de José Enrique Pérez Pérez le ofreció 40 mil pesos para no continuar con el procedimiento judicial, “le dije que no lo hacía por dinero, pues temo por mi vida”.
El 10 de febrero de este año, Jorge Enrique Pérez Pérez fue presentado ante el Juez de Control, pero pocos días después le otorgó la libertad. Aunque Ana argumentó en repetidas ocasiones que teme por su vida, el MP la ignoró.
La tarde noche del 15 de febrero, fue interceptada por Jorge Enrique, nuevamente en la calle, “se dirigió directamente hacia mi hijo y me lo arrebató, al estar subiendo en su vehículo me dijo que ya nunca lo volvería a ver, que no lo denunciara, ya que me tiene muy vigilada para matarme”.
Por esta razón se acercó al Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, en San Cristóbal de Las Casas, que recomendó que se realicen las acciones correspondientes, asimismo el Consejo de la Judicatura en el Estado de Chiapas, tome cartas en el asunto sobre la posible corrupción del juez de control en Ocosingo, en la causa penal 12/2021.
El Comité consideró que existen elementos para la vinculación a proceso y para la prisión preventiva del imputado, pero la autoridad de administración no lo hizo por la posible corrupción, “solicitamos la intervención del Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas, sobre la posible actuación indebida de la Fiscal del Ministerio Público en la Ciudad de Yajalón; y del actuar de la policía municipal de Tila, Chiapas, por su posible participación en la posible corrupción”.
