Desde mi Trinchera
Diego Victorio
Carlos Morales: juzgado por el mismo rasero
La noticia atrajo el interés periodístico de la prensa nacional. Había elementos para darle espacios importantes.
El actor principal es un alcalde reincidente en escándalos de transparencia, es de Morena y gobierna la capital de Chiapas. Suficiente para pasarlo por el mismo rasero que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett y la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
En paralelo, el contenido de la información prevenía de un posible escándalo.
Adquirir contenedores de residuos sólidos en 7 mil 304 pesos con 97 centavos, en una compra al mayoreo, obliga a prestar atención especial.
Y, si la importación fue de 3 mil 834 depósitos para basura y, sí en la operación hay 28 millones de pesos invertidos, espanta a cualquiera.
Ya si participas como un tercer interesado en el caso y revisas que el proceso administrativo de la compra no aguanta una auditoría, e incluso, consideras que se pudiera configurar como detrimento al erario, asusta doblemente a quien usted me diga.
El caso es para objeto de estudio, desde dos grandes aristas: la evidente violación a la Ley de Adquisiciones y Contratación del Estado de Chiapas y, un supuesto escamoteo a los precios de compra.
Y es que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez otorgó un contrato de 28 millones 007 mil pesos, por asignación directa, a la empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., para la adquisición de contenedores de basura.
Dinero que fue movido del Programa de Inversión Municipal (PIM), a las cuentas de la firma privada, a través de la transferencia 1261, con la factura 866, despachada en la tesorería municipal.
Vulnerando el ABC del proceso de licitación pública nacional que, por el monto utilizado para la compra, exigía apelar a los modelos de adquisición, a la restringida con al menos tres proveedores participantes o la pública nacional.
Al otorgar el beneficio, por la vía directa, a Veolia Residuos, la operación se saltó los procesos de rigor, como la investigación de mercados y promediar los precios, los aceptables y no convenientes, básicos en cualquier contratación que goza de legitimidad.
Por eso se presume que la transacción es espuria, ficticia, un traje a la medida con sendos beneficios, al amparo de la ilegalidad, para las partes en comento, contratante y proveedor.
Lo que no midieron es que todos los cabos están sueltos, otro de ellos es el posible sobreprecio en los artículos adquiridos.
Al acudir a la experiencia de empresarios del ramo, aseguran unánimemente que, en este tipo de ventas por volumen, en este caso 3 mil 834 piezas, el precio de lista es ajustable hasta en un 40 por ciento menos. Lo que en el argot se le conoce como venta por mayoreo.
Quienes tienen práctica en el modelo de negocio señalan que por default el precio de mercado se reduce, dependiendo de los acuerdos no escritos.
Al apelar a una aritmética simple, en el entendido de que al contenedor se le descontó un 40 por ciento de su precio de lista, el monto total ya no sería de 28 millones de pesos, como fue facturado con cargo a la hacienda municipal de Tuxtla, sino de 16 millones 804 mil pesos, es decir, pudo haber existido un ahorro de 12 millones de pesos.
El resultado de la operación matemática es exacto, son 12 millones de pesos ahorrados, pero de acuerdo a un documento oficial de la tesorería municipal de la comuna coneja, sí fueron dispersados a la cuenta bancaria de Veolia Residuos, tal como lo describí líneas arriba con número de transferencia y factura.
Los presuntos 12 millones pudo haber sido el diezmo del alcalde Carlos Morales Vázquez, ahí podría estar la respuesta al hipotético ilícito, arbitrario, ventajoso y vergonzoso procedimiento de adjudicación directa a la empresa consentida del alcalde, Veolia Residuos. Al Tiempo.
Comentarios Atrincherados
***La reelección de ediles podría ocasionar un choque de trenes.
Los alcaldes con aspiraciones a repetir en el cargo apelarán a la protección de sus derechos políticos, en caso de que los obliguen a desistir “voluntariamente”.
He sondeado en la arena política local y, son más de dos decenas de presidentes municipales que, sienten que sus números son halagüeños para extender su mandato, tres años más.
El caso es que, la ilusión edilicia podría modificar el estatus quo, toda vez que hay municipios, donde un personaje del segundo piso de conocido edificio gubernamental, ya ofreció alcaldías a presuntos candidatos, sin contar que el alcalde en funciones de esa misma demarcación también persigue el mismo beneficio.
Un brete qué, ojalá no fomente el abuso de poder o la torcedura de la ley para beneficio personal. Ojo. HASTA PRONTO.
