Letras Desnudas
Mario Caballero
¿Corrupción En El Tribunal Electoral?
Las magistradas Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Angélica Karina Ballinas Alfaro y el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, parece que no han entendido el hartazgo de la ciudadanía por la corrupción. Sus últimas sentencias tienen toda la apariencia de haber sido tomadas con parcialidad. Y en éstas se ve que optaron por defender los intereses de los políticos poderosos y no hacer justicia en materia electoral con estricto apego a la ley. Sabiendo, además, que esto último abonaría al buen humor social y al fortalecimiento de la democracia.
Para reforzar la hipótesis de que los tres magistrados son peones útiles de los políticos de mucho poder y millonarios, aporto no uno, ni dos, sino tres hechos tan irrefutables como contundentes.
El primero de ellos viene de una fuente confiable a este autor y del que hablé de manera rápida la semana pasada. Me parece propicio traerlo a colación para entender cómo han venido operando en el Tribunal Electoral. Los otros dos son tomados de dos sentencias del órgano electoral local.
Vayamos al primero. Decíamos en este mismo espacio que actualmente hay un grupo de abogados que en años anteriores ocuparon puestos en las instituciones electorales en el estado, y que por lo mismo se venden como expertos en resolver litigios jurídico-electorales. Aunque, a la verdad, son una pequeña mafia que anda a la caza de políticos ingenuos a los que les ofrecen llevarles sus casos en los tribunales.
A estos lo lidera un exfuncionario público que se enriqueció ilegalmente mediante la alteración de claves catastrales en el Registro Público de la Propiedad, con lo cual logró despojar decenas de inmuebles a sus legítimos dueños o simular la venta de terrenos propiedad del Estado. Este es Óscar Muñoz Barrera, el fuereño que ocupó la Subconsejería Jurídica del Estado durante la administración anterior.
Dicho esto, pasemos a lo que nos corresponde. Resulta que este corrupto personaje lleva los casos de impugnación de varios políticos que compitieron en la elección pasada por alguna de las distintas presidencias municipales de Chiapas.
SEGUNDO CASO
Si el caso anterior permite creer que dentro del órgano de justicia electoral hay pactos soterrados entre los magistrados y políticos, en este otro veremos que el Tribunal Electoral federal nos habla de la falta de capacidad de los magistrados locales para emitir sentencias transparentes y legítimas. Tal vez motivadas por la corrupción.
Trataré de resumirlo. El seis de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado emitió una resolución que salió a favor de un político cuyas acciones afectaban los derechos político-electorales de otro ciudadano durante los procesos electorales internos de Morena. Por lo cual, dicha sentencia fue impugnada y llevado el caso a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Allá, en la Sala Regional Xalapa, fue nuevamente revisado el caso por el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, quien encontró que el órgano electoral local había declarado la sentencia, pero sin contar con todos los elementos necesarios. Por lo cual, se le ordenó proteger los derechos político-electorales del querellante y resolver el fondo de la controversia.
Esto quedó plasmado en el apartado Efectos de Sentencia, en el punto 91, que a la letra dice:
“Asimismo, en atención a lo antes razonado, se conmina al Magistrado y a las Magistradas del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para que, en lo subsecuente, actúen con mayor diligencia durante la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de su competencia”.
Para vergüenza de los magistrados Ruíz, Ballinas y Bátiz lo digo: este llamamiento que se les hizo, y que se repite con las mismas palabras en el tercer punto de la resolución, es la primera vez en la historia que el Tribunal Electoral federal le pide al estatal que muestre mayor capacidad, argumentación jurídica y razonamientos en sus juicios.
Es inaceptable que a estas alturas sean exhibidos por su incompetencia y falta de conocimiento jurídico a la hora de emitir sus fallos.
Como pudimos ver en estos dos casos, los tres magistrados pueden ser tanto cómplices de políticos corruptos como incompetentes para realizar el trabajo por el que se les paga.
Ahora vayamos al último caso.
CASO NÚMERO TRES
Aquí veremos un claro tráfico de influencias y posiblemente un acto de soborno al árbitro electoral para favorecer a un candidato cuyo triunfo en la elección pasada fue impugnado.
Se trata de la sentencia emitida el sábado reciente por el magistrado ponente, Gilberto Bátiz, quien desechó las pruebas que inculpaban a Juan Antonio Castillejos Castellanos, candidato del PVEM a la presidencia municipal de San Fernando, de cometer todo tipo de fraudes y abusos de poder para ganar las votaciones.
En primer lugar, es conocida la amistad que existe entre Bátiz y Juan Antonio Castillejos. Lo cual nos hace dudar de la falta de imparcialidad en el juicio.
Segundo, o Castillejos pagó un soborno o Gilberto Bátiz es muy incompetente. O las dos cosas.
Porque las pruebas aportadas por la parte acusadora, que incluso contaban con fe notarial, eran claras e incontrovertibles. Pues documentaron que miembros del equipo de campaña de Juan Antonio Castillejos, así como miembros de su planilla, estuvieron comprando votos y entregando apoyos el mismo día de la elección en lugares cercanos a las casillas de votación.
También se documentó cómo el Consejo Municipal del IEPC de San Fernando favoreció a Castillejos de muchas formas. Por ejemplo, al permitir que gente no autorizada legalmente recibiera las boletas electorales, que impidiera la participación plena de los representantes del PRD y PAN en el conteo de los votos y que los paquetes electorales fueran abiertos durante su custodia.
A Gilberto Bátiz no le pareció suficiente que las pruebas hubieran estado soportadas ante la fe del notario público, que existiera una denuncia en la Fiscalía General de Justicia contra Juan Antonio Castillejos, ni la declaración de personas que fueron víctimas de coacción a través de compra de votos. Desechó, también, los actos de violencia política de género en los que incurrió su amigo en contra de la candidata del PRI-PAN-PRD, Adriana Gallegos Marina.
Aquí una muestra más de la subordinación del Tribunal Electoral del Estado a los políticos poderosos. Esos que, como Juan Antonio Castillejos Castellanos, se han enriquecido tanto desde el poder que son capaces de comprar la voluntad de cualquiera. Hasta del árbitro electoral.
@_MarioCaballero
