Delincuencia gubernamental

Letras Desnudas

Mario Caballero

Siempre hará lo que le dé su regalada gana. Si sus proyectos no son respaldados por la ciudadanía, como el de “Limpiemos Tuxtla”, del que tanto él como la empresa Veolia obtuvieron un lucro importante con la basura, aun así, seguirá con su proyecto y, para que no haya duda, lo hará él mismo.

Y lo hizo. Ante el rechazo social giró instrucciones para que los jefes de área organizaran al personal a su cargo y salieran a las calles a recoger desechos. Sobre todo, plásticos, papel, cartón, aluminio y envases PET, que son los de más fácil negociación. Sin embargo, no les dio equipo de protección a los trabajadores del municipio y no le importó violar sus derechos al obligarlos a hacer un trabajo para el que no fueron contratados. Los límites legales le son indiferentes. Nada vale frente al capricho presidencial.

Si una empleada denuncia a un alto funcionario del Ayuntamiento por acoso sexual, como ha sucedido muchas veces contra Erisel Sánchez Álvarez (director de Mercados y Panteones), Ramón Julio César Vázquez del Carpio (coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal), entre otros, que supuestamente han pedido favores sexuales a las secretarias a cambio de promesas de ascenso o bajo amenaza de despido, el alcalde es indiferente.

Considera a las quejosas sin autoridad moral, unas desvergonzadas que no merecen atención alguna. Si una autoridad le pide actuar contra los servidores públicos denunciados, responde con cinismo y en defensa de los acosadores, como hizo cuando la regidora del PRI, Adriana Guillén Hernández, le solicitó separar del cargo a uno de los agresores sexuales: “Las víctimas son los funcionarios quienes quedan vulnerables a los señalamientos que sólo se fundan en el dicho de las mujeres”.

Lo mismo habría que decir de las organizaciones civiles, activistas sociales, actores políticos y medios de comunicación que se han atrevido a cuestionar la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, el intento de imponer nuevos impuestos a través de artimañas legaloides, los conflictos de interés de muchos funcionarios, el favoritismo hacia ciertas empresas locales o de otros estados a las que les ha entregado contratos de proveeduría y obra pública por adjudicación directa, la malversación en gastos y compras frívolas, la violencia y la inseguridad que se desató apenas puso un pie en el gobierno y la injerencia de sus hermanos en la actividad gubernamental. A todos tacha de inmorales y oportunistas. No hay juicio ni verdad que valga a su obstinación y a sus propios intereses.

Es soberbia y no otra cosa lo que despliega Carlos Morales Vázquez al desconocer cualquier límite a sus pulsiones. Es soberbia su menosprecio a todo aquello que merece atención. Por soberbio hace lo que hace y está convencido que es superior a todos. Por eso dice que no le debe nada a nadie: ni a quienes votaron por él ni al presidente de la República que es, finalmente, quien con su arrastre electoral lo hizo alcalde de la capital tras sus dos intentos fallidos.

Carlos Morales se cree un ser todopoderoso que, por el solo hecho de ser alcalde, se le puede permitir todo. El filósofo y escritor español Fernando Savater decía que la soberbia es “el valor antidemocrático por excelencia”.

Por ese engreimiento, el alcalde no se permite a sí mismo entablar el diálogo con sus opositores, desprecia los reclamos ciudadanos (y a los ciudadanos) y da permiso para que sus hermanos y funcionarios rompan cualquier ley. Carlos Morales piensa que nadie lo merece y que para gobernar basta su sola determinación. Por eso se ha rodeado de paleros incompetentes que guardan silencio ante la cascada vertiginosa de sus caprichos.

De tal manera, no pueden ser extraños los abusos de autoridad que comenten a diario policías y fiscales municipales. En lugar de proteger a las personas, de velar porque se respeten sus derechos y ser garantes de la legalidad, las extorsionan, violan sus derechos y hasta les roban con vil descaro. Tras el uniforme se creen intocables y merecedores de obediencia absoluta. Imponen sus caprichos y usan la fuerza si es necesario. Como se dice que las mascotas se parecen a su amo, estos servidores públicos actúan con la misma prepotencia que el alcalde.

CRIMINALES UNIFORMADOS

Lo ocurrido el lunes, donde un grupo de policías y fiscales se enfrentaron a golpes, palos y piedras contra los vendedores ambulantes, nos habla del grado de obcecación del alcalde Morales que ha permitido que el crimen se instale en su propio gobierno. Porque aparte de que estos seudo servidores provocaron la gresca, él salió a satanizar a los vendedores, los culpó de todo y los calificó de delincuentes. El amo salió en defensa de sus mascotas.

El tema del ambulantaje es uno de los grandes pendientes de Tuxtla Gutiérrez. Pero el gobierno de Carlos Morales no ha tratado de solucionar el problema, sino de aniquilarlo con el uso excesivo de la fuerza. Ha envidado a los fiscales no a privilegiar la ley y vigilar que se cumplan los derechos y obligaciones de los vendedores. No. Los envió a reprimir a estas personas que tratan de ganarse la vida.

Cuentan éstos que han buscado un acuerdo con la autoridad que les permita trabajar en la formalidad, pero la gestión de Morales se ha negado siquiera a atenderlos. En cambio, los fiscales los acosan, los golpean, les quitan sus productos y casi nunca se los devuelven. Ese fue el motivo del enfrentamiento de hace dos días.

Los agentes del área de Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez quisieron imponer “el orden” con insultos y haciendo uso de la fuerza. Les arrebataron sus mercancías a los ambulantes y hasta golpearon a una mujer en la cabeza que se negaba a entregarles su venta, provocándole una herida. Fue eso lo que desató la batalla campal. Los policías y fiscales sacaron sus macanas y hasta tubos. Los comerciantes se defendieron como pudieron. Por tanto, de haber ocurrido una víctima mortal la responsabilidad hubiera sido del gobierno de Carlos Morales, que trató inútilmente de culpar a los vendedores. Claramente se ve en los videos que los “oficiales” golpean a la gente con bancos, piedras y cajas de madera.

¿LÍDER DE CRIMINALES O UN TONTO?

Pero hay algo mucho peor.

La Fiscalía General del Estado informó de la detención de dos personas supuestamente involucradas en el robo de seis vehículos propiedad de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas y en la agresión al policía auxiliar que vigilaba el inmueble. Pero uno de los detenidos es un policía en activo de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

¿Estaba enterado el presidente Morales que entre sus elementos policiacos había una red de roba autos?

Pensemos. Si estaba enterado entonces quiere decir que hay criminales en su gobierno que operan bajo su consentimiento y que él mismo podría estar recibiendo beneficios del hampa. Si no lo estaba, pues queda como un imbécil que de tanta soberbia no pudo darse cuenta que uno de sus subordinados – ¿o son más? – se dedicaba al crimen detrás de un uniforme de policía y que hasta los superiores de éste quizá eran sus cómplices. Como sea, pierde.

Entre los fiscales que roban y golpean y el policía que roba autos (criminales disfrazados de autoridades), qué encabeza Carlos Morales, ¿un gobierno municipal o a la delincuencia gubernamental? ¡Chao!

@_MarioCaballero