Eduardo Ruiz-Healy
El lunes 11 de este mes fue asesinado José Trinidad Baldenegro, fundador de Fuerza Ambiental, un colectivo dedicado a combatir la tala clandestina en la Sierra Madre de Chihuahua.
Lo mataron a tiros enfrente de su casa, en la muy pobre comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo (Chihuahua).
Coloradas de la Virgen es un asentamiento con muy pocos habitantes y en línea recta está a unos 70 kilómetros de la cabecera municipal, que tiene menos de 6000 habitantes, y también en línea recta a unos 500 kilómetros de la capital del estado.
José Trinidad, de 51 años, era un defensor de los derechos de los indígenas tarahumaras que, como él, habitan esa zona abandonada del país. Fue agredido por varios pistoleros cuando salía de su casa para ir a trabajar. Horas después, su casa fue incendiada.
Hace cinco años fue asesinado su hermano Isidro, que también enfrentó a los taladores cuando se dirigía a su milpa. En 2005 recibió el Premio Ambiental Goldman, considerado como el Premio Nobel de la ecología, por su defensa de los bosques y los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Madre de Chihuahua.
Y en 1986, también fue ultimado a balazos el padre de ambos, el señor Julio Baldenegro. Su asesinato, como la mayoría de los que se cometen en México, nunca fue esclarecido, pero entonces se dijo que lo mandaron matar quienes controlan la tala ilegal de la Sierra Madre.
Exactamente un mes antes de que mataran a José Trinidad, el 11 de febrero, en la comunidad Abelardo Rodríguez del municipio de Ayala (Morelos), un par de sujetos que portaban chalecos antibalas asesinaron a Francisco Vázquez, miembro del Consejo de Vigilancia en contra del Proyecto Integral Morelos y de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, que se oponen al funcionamiento de la planta termoeléctrica en Huexca en el municipio de Yecapixtla.
Los nombres de José Trinidad Baldenegro y Francisco Vázquez se suman a los de otros 97 defensores de derechos humanos y ambientales que desde diciembre de 2018 han sido asesinados en nuestro país, de acuerdo con las cuentas que el 26 de enero proporcionó Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ambos pertenecientes a la Secretaría de Gobernación.
Casi todos estos asesinatos no se han resuelto, aunque se presume que la mayoría fueron ordenados por criminales, funcionarios y políticos que están inmiscuidos en los negocios que tienen que ver con el abuso de concesiones públicas y/o la explotación ilegal de los recursos naturales de nuestro país, especialmente el agua y los bosques.
97 defensores de los derechos humanos y el ambiente asesinados en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son muchos. Muchos más que los 34 periodistas que han sido muertos durante el mismo periodo.
Y tristemente, debido a que la mayoría de estas 97 personas no eran periodistas, pero sí pobres y miembros de algún grupo indígena, sus homicidios no fueron motivo de escándalo en los medios de comunicación.
Las cosas no pueden seguir así y estos crímenes deben ser denunciados vigorosamente por quienes podemos hacerlo.
