Eduardo Ruiz-Healy
La Fracción VII del Artículo 3 de la Constitución señala que “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas…”.
En su Recomendación Relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de 1977, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anotó que: “El personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de la libertad académica, la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas”.
La autonomía universitaria empezó en julio de 1929, cuando entró en vigor una nueva Ley Orgánica de la Universidad de México. Desde entonces se le ha dado la autonomía a decenas de instituciones públicas de educación superior sin que eso signifique que no haya libertad de cátedra en las demás, sean públicas y privadas.
Desde ese año, nuestros gobernantes han presumido que la autonomía universitaria y la libertad de cátedra son dos grandes logros de la Revolución.
Sin embargo, en México la libertad académica está retrocediendo, de acuerdo con el Índice de Libertad Académica 2023 (ILA) que desde 2019 elaboran el V-Dem Institute de la Universidad de Goteburgo, Suecia, y el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Friedrich-Alexander de Baviera, Alemania.
El ILA recoge contribuciones de 2197 expertos de todo el mundo, incluye datos de 180 países y territorios y se basa en cinco indicadores clave: “la libertad de investigar y enseñar; la libertad de intercambio académico y difusión; la autonomía institucional de las universidades; la integridad del campus y; la libertad de expresión académica y cultural.
Refiriéndose a nuestro país, el ILA anota que “… la libertad de expresión académica y cultural se mantuvo hasta 2019, cuando se aceleró el declive de la libertad académica. Este declive se agudizó aún más tras la elección de Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno ha debilitado la autonomía universitaria a través de duras medidas de austeridad y la priorización política de la investigación de los ‘problemas nacionales’ definidos por su gobierno… la falta de seguridad en los campus también ha contribuido al declive de la libertad académica… Las restricciones presupuestarias y la interferencia política en la investigación se han visto acompañadas por disminuciones en las libertades académicas individuales… la autonomía universitaria y la libertad académica individual están en riesgo cuando para tener mayor control político de las universidades el gobierno utiliza la política fiscal y decide sobre los nombramientos de docentes y funcionarios”.
Lo anterior explica que México ocupe el lugar 91 en el ILA.
