Razones
Justicia, lavado y programas sociales
Jorge Fernández Menéndez
Iniciará mañana un nuevo periodo legislativo en el cual, tanto en el gobierno federal como en el congreso, existe conciencia de que de lo que se apruebe durante este año, y sobre todo en este periodo, dependerá en mucho la herencia que deje el presidente López Obrador.
Más allá de las incertidumbres o las fallas de operación en otros ámbitos, el Presidente ha logrado sacar adelante casi toda su agenda legislativa. Su objetivo es crear un andamiaje que haga difícil, como ha dijo, regresar a la estructura de gobierno del pasado, y se esté o no de acuerdo con ello, lo está logrando.
En el ciclo legislativo que se abre el miércoles hay capítulos sustanciales que pueden modificar todo el escenario institucional y legal del país. Uno de los puntos centrales para el Presidente, es fijar en la constitución los apoyos sociales que su administración ha decidido otorgar. Es una forma de mantenerlos en el tiempo, pero también de maniatar cualquier modificación en el futuro. La pregunta es qué sucederá cuando esas políticas no se puedan pagar o se consideren, como muchos las consideran desde hoy mismo, anacrónicas. Ni remotamente los apoyos sociales directos son la mejor forma de luchar contra la pobreza, aunque puedan ser necesarios en una coyuntura. No tiene sentido incorporarlos a la Constitución. Pero es una demanda personal del presidente y sus legisladores harán lo que sea para que quede en la carta magna. Tampoco parece que las oposiciones puedan o quieran hacer demasiado para impedirlo.
La reforma de la justicia y la iniciativa para la reforma de la fiscalía general de la república son temas también centrales. Después de que se filtró en forma extraña (evidentemente desde ámbitos gubernamentales que no estaban de acuerdo con esa propuesta) los documentos de la FGR que deberían servir como base para esa reforma, no sólo se abortó la reunión de presentación de las propuestas, sino que se generó una reacción, dentro de Morena y del gobierno, que tornaron inviable una propuesta que implicaba una regresión notable en el sistema de justicia y violaba numerosos derechos individuales. Lo que viene es otra cosa: es una iniciativa de reforma al poder judicial que está elaborando con su equipo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que contendrá los principios básicos para una virtual reconfiguración de ese poder y sobre la que existe ya un amplio consenso, aunque afectará importantes intereses creados en el ámbito de la justicia.
Por otra parte, desde la Oficina Jurídica de la Presidencia se espera una iniciativa de código penal único, imprescindible también para avanzar en la lucha contra la inseguridad. Pero allí nos quedaremos a medias, porque lo que se requiere con urgencia es transformar el modelo policial del país, incluso con base en el propio diagnóstico que tiene el gobierno: se necesitan policías locales, lo hemos dicho muchas veces, con estructuras estatales y municipales homologadas, lo mismo que sus mandos, equipos e instrucción. Y eso sólo se puede lograr con la fuerza de la ley y con recursos. El avance en el código de procedimientos y justicia penal únicos será un avance, pero no alcanzará, como tampoco lo hará la Guardia Nacional, sino tenemos fuertes policías en el ámbito local. Y eso no ocurrirá, como casi nada en la política y gobierno, por generación espontánea.
Otra iniciativa que estará en el congreso es la de lavado de dinero. Sin duda hay aspectos en la misma que tendrán que ser revisado con cuidado para evitar usos discrecionales o políticos, pero las bases de la misma no sólo son necesarias, sino que responden a las exigencias del Grupo de Acción Financiera, una institución internacional de la que México forma parte y que regula y evalúa la legislación en ese ámbito de los países que la integran. México tiene una buena evaluación, pero tiene que cumplir con numerosas recomendaciones para poder presentar su nueva solicitud de evaluación a mas tardar en agosto próximo y poder ser reclasificado en una categoría más alta, una posición clave para mejorar el clima y la seguridad de las inversiones y muchos aspectos de seguridad y lucha contra la corrupción. La iniciativa de ley debe estar, por ende, aprobada antes de esa fecha.
Hay más temas, pero uno que llamará la atención es el de la legalización de la marihuana para uso lúdico. Allí las posiciones están divididas en Morena y tampoco el presidente López Obrador está entusiasmado con la idea. Por supuesto que la marihuana legal no es central para el futuro del país, pero se llevará buena parte de los reflectores en este periodo ordinario de sesiones. Será algo así como el avión presidencial del congreso.
