Mario Caballero
Si la justicia electoral funciona, ¿para qué reformarla?
Ahora que ha terminado el cómputo oficial de los votos y los órganos electorales han entregado las constancias de mayoría a los ganadores, todos los reflectores están sobre el desempeño de los tribunales electorales del país que tendrán que demostrar capacidad para ejercer sus funciones con independencia y garantizar certeza y estabilidad al sistema político.
Como bien sabemos, los tribunales en materia electoral juegan un papel crucial en la democracia, fungiendo como contrapesos. Su función es aplicar la ley con el objetivo de hacer valer la voluntad ciudadana y delinear la competencia por el poder político. Y de ello depende la convivencia pacífica que debe caracterizar a toda sociedad democrática.
Ante las elecciones más grandes en la historia de México, todos los ciudadanos quieren ver una transferencia del poder justa y legal. La labor de los tribunales será determinante para dotar de legitimidad los resultados de las elecciones, de los ganadores y sus sentencias deberán ser confiables para que los candidatos perdedores acepten la derrota.
Esta labor, sin embargo, parece ser todo un reto debido al panorama complejo que se vive en México, donde la polarización ideológica, las descalificaciones desde el poder a las autoridades judiciales y el deseo de cambiar tanto la competencia como las instituciones democráticas a través de reformas a la Constitución, ejercen una presión inédita sobre los órganos electorales.
EFICIENCIA Y EFICACIA
No obstante, los tribunales están demostrando eficiencia y eficacia a pesar de las dificultades propias del momento.
Si hablamos del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, éste se ha concentrado en diseñar e implementar políticas que han dado lugar a una impartición de justicia electoral más abierta, independiente, inclusiva, profesional y eficaz.
Por ejemplo, ha dado pasos significativos para fortalecer la estabilidad y certeza jurídica de sus decisiones. Esto ha implicado establecer precedentes nítidos y coherentes que dan forma a la interpretación y previsibilidad de las decisiones judiciales. Es decir, cada fallo emitido permite que los actores políticos y el público en general comprendan cuáles son las reglas del juego democrático a las que se atienen.
En el terreno local, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, bajo la presidencia del magistrado Gilberto Bátiz García, ha llevado a cabo medidas, estrategias y políticas administrativas y organizacionales que lo han convertido en un juzgado de gran aplomo institucional y serenidad legal: en una corte donde puede descansar la confianza de los chiapanecos.
De cara al reciente proceso electoral, este órgano se anticipó a delinear una política integral de justicia abierta que prioriza la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre la institución y la sociedad civil, que radica en mejorar el acceso a los servicios judiciales, promover la inclusión y aumentar la claridad de las resoluciones judiciales.
Aparte, al fortalecer el órgano interno de Defensoría Pública Electoral dio un salto en la protección y defensa de los derechos de las mujeres y los grupos vulnerables de Chiapas, garantizando condiciones de igualdad y de participación a las mujeres, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género, personas en prisión preventiva, entre otras.
Esto no es un asunto menor. Puesto que a través de la Defensoría Pública Electoral se ha logrado visibilizar a los grupos en situación de indefensión, como la indígena, que ahora cuenta con un área de atención que garantiza su acceso a la justicia sin limitantes.
Y con la política de profesionalización ha dado más estabilidad a la institución, eliminando los espacios de discrecionalidad en la toma de decisiones dentro del organismo y promoviendo la preservación de la impartición de justicia y el imperio de la ley como bienes públicos.
Por todo ello, las resoluciones emitidas por este Tribunal respecto a los juicios suscitados en el reciente proceso electoral gozan de confiabilidad.
El siete de junio, verbigracia, calificó como fundado el agravio en contra de la presidenta y el secretario técnico del Concejo Municipal de Comitán de Domínguez, a los que la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC les ordenó que se separaran del cargo de manera provisional, ya que esta instancia no fundó ni motivó la conducta que dio lugar a la imposición de esta medida cautelar.
En días recientes, desechó las demandas presentadas por los partidos Chiapas Unido, Encuentro Solidario, Podemos Mover a Chiapas y Movimiento Ciudadano, que estaban en contra de la baja total de las casillas en los municipios de Pantelhó y Chicomuselo, donde los actos de violencia y vandalismo impidieron la realización de las votaciones. Con lo cual, no fueron afectados los derechos políticos y electorales de estas instituciones partidistas, sino sólo se validó la decisión del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por preservar la civilidad y la seguridad de los habitantes de dichas localidades.
Esto por mencionar algo.
VALORAR
Por tanto, todo este esfuerzo, tan sólo el llevado a cabo por el Tribunal Electoral de Chiapas, es muestra irrefutable de la eficiencia y la eficacia del sistema judicial en materia electoral. Mejor aún, debe ser visto a la luz de las señaladas reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo federal, para comprender que las instituciones encargadas de la democracia en México no necesitan ser trastocadas con lineamientos radicales, pues funcionan y son confiables.
LO DESEABLE
En cambio, sería deseable que Claudia Sheinbaum aproveche el gran poder y legitimidad que logró en las urnas, pero no para aprobar y ejecutar un absurdo paquete de reformas constitucionales que implica la elección de casi mil quinientos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular, sino para impulsar una reforma fiscal que arregle de un solo tajo el problema estructural de la baja recaudación tributaria, que tanto se necesita y que ella necesitará para hacerle frente al gran déficit presupuestal que heredará de López Obrador.
Esperemos que como presidenta electa logre dar ese golpe de timón. Lo prioritario no es modificar el sistema judicial, que sólo requiere fortalecerse, sino lo fiscal. Sobre todo, sabiendo que México vive en un contexto de una economía desacelerándose y de finanzas públicas estresadas.
PARA MAGDLENA
Prima, supongo que estarás de acuerdo conmigo. La elección de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, que dicho sea de paso ganó Ángel Torres Culebro con una votación histórica, tiene dos grandes mensajes.
Primero: los tuxtlecos confirmaron en las urnas su preferencia por Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación, lo cual también es reflejo de su ánimo por proyectos políticos de calidad.
Segundo: los tuxtlecos están hartos de los mismos de siempre, como Paco Rojas, quien debería aceptar que es hora de su retiro. No convence, no engancha y es un cartucho quemado. Cuatro derrotas al hilo, y la última muy vergonzosa, son el motivo perfecto para que piense en su jubilación.
Incluso, hay quienes son de la idea de que también debe dejar de dar consulta. No lo sé de cierto, pero dicen que ya le falla la vista y le tiemblan las manos.
yomariocaballero@gmail.com
