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Los ‘góbers’ procesados del PRIAN… y los de Morena

Historias de NegoCEOs

Mario Maldonado

En el último debate entre los candidatos a la presidencia de la República, la morenista Claudia Sheinbaum arremetió contra su oponente Xóchitl Gálvez con uno de los argumentos más contundentes que se pueden utilizar contra lo que ella califica como el PRIAN: la larga lista de exgobernadores provenientes de esa coalición de partidos que hoy están en prisión o prófugos de la justicia. 

No obstante, las proyecciones indican que es sólo cuestión de tiempo para que Morena, el partido más joven de los que están en competencia, empiece a formar su propia lista de exmandatarios procesados, sobre todo si se toma en cuenta que entre los gobernadores que dejarán este año su administración se encuentran nombres como el de Cuitláhuac García o el de Cuauhtémoc Blanco, los dos de peor reputación en el país. 

Los expedientes judiciales que se han filtrado desde los aparatos de investigación financiera y de procuración de justicia anticipan que muy pronto el partido de Andrés Manuel López Obrador tendrá a sus propios Javier y César Duarte, a su Roberto Sandoval y hasta su propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esto si las nuevas administraciones estatales y la federal se deciden a hacer valer sus promesas de cero impunidad. Los más aventurados, aunque al mismo tiempo también los más informados, apuestan a que entre los primeros exgobernadores de Morena podría haber algún Tomás Yarrington o Mario Villanueva, vinculados a proceso por probadas relaciones con el crimen organizado.   

El expediente más sólido es el que se tiene en la FGR, de Alejandro Gertz Manero, contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, uno de los máximos lastres con los que carga la 4T. En esa instancia se les da seguimiento a transferencias millonarias de recursos hacia la esposa del también exalcalde de Cuernavaca, Natalia Rezende Moreira, y hacia su medio hermano, Ulises Bravo Molina. Tampoco se ha cerrado por completo la investigación contra su representante José Manuel Sanz, quien presuntamente extrajo de las arcas de la alcaldía de Cuernavaca y del gobierno del estado de Morelos más de 700 millones de pesos. A dicho movimiento de recursos –avalado presuntamente por Blanco– se le conoció como el caso “Primavera”. 

Otro gobernador morenista que podría pisar la cárcel apenas termine la administración es el veracruzano Cuitláhuac García. En aquellas tierras hay indicios de procesos irregulares de contrataciones públicas para beneficiar a personajes cercanos al mandatario. Sin embargo, los expedientes que con contundencia podrían determinar su vinculación a proceso son los relacionados con tortura, abuso de poder, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, los cuales fueron ingresados ante el Ministerio Público por diversos representantes de los partidos opositores, activistas defensores de los derechos humanos y periodistas. Los casos más sonados son el de la jueza Angélica Sánchez Hernández, el del exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, y el de José Manuel del Río Virgen.

Tampoco se debe perder de vista a los interinos Carlos Manuel Merino en Tabasco, Sergio Salomón Céspedes en Puebla y a Martí Batres en la CDMX, no solo por el desgobierno y otras acusaciones derivadas de irregularidades administrativas, en los primeros dos casos, sino por la distribución de agua contaminada que, dicen los especialistas, también puede derivar en un proceso penal, en el caso de la capital del país. 

Posdata 1

Lo dicho: Samuel García enfrenta la peor crisis como gobernador de Nuevo León –y eso que apenas va a la mitad– y de su carrera política. El joven gobernador carga con serias acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y el uso de una serie de empresas familiares para triangular recursos y beneficiarse de sus cargos públicos. 

El más reciente escándalo tiene que ver con la compra de un terreno de 17.7 hectáreas con un valor estimado en más de 700 millones de pesos, el cual adquirió a través de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, de la cual es socio junto con su padre, Samuel Orlando García Mascorro, apenas 18 meses después de asumir su cargo, en el municipio más rico de México: San Pedro Garza García, Nuevo León. 

En dicho predio, Samuel García pretende construir una residencia de dos mil 800 metros cuadrados y a todas luces el gobernador lo quiso ocultar, pues en su más reciente declaración patrimonial, de 2023, no informó de la adquisición de esta propiedad.

Y aunque intentó dar una explicación que resultó poco creíble, puso sobre la mesa su renuncia si se prueba la adquisición de este terreno o alguna ilegalidad: “Yo no compré ningún terreno, si lo prueban, mañana mismo renuncio”, declaró. De esta forma, Samuel García se puso la soga al cuello. 

Este y otros escándalos han echado a pique la aceptación y popularidad de García en la entidad, arrastrando también la de su esposa, Mariana Rodríguez, quien aspira a la alcaldía de Monterrey. Lo mismo pasa con el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a quien le estalló la tragedia en San Pedro Garza, donde se vino abajo la estructura en uno de sus eventos, ocasionando la muerte de nueve personas. El caso también ha puesto el reflector en su compadre y amigo, el gobernador de Nuevo León, quien tampoco ha salido bien librado de esta crisis. 

Así, en medio del juicio político, un presunto enriquecimiento ilícito y las acusaciones por adquirir un terreno de casi 18 hectáreas, personas del primer círculo de García aseguran que el gobernador se siente acorralado y considera haber llegado a un punto de no retorno, en el que las cosas solo pueden empeorar. La siguiente aduana es la elección del domingo 2 de junio, en la que se renovarán el Congreso del estado, 77 sindicaturas, 471 regidurías y 51 presidencias municipales; la más importante: la de Monterrey, que pelea su esposa Mariana Rodríguez. Ese día puede terminar de desplomarse la joven promesa de MC.

Posdata 2

La Auditoría Superior de la Federación sigue los pasos del Programa Educación Física de Excelencia, conocido como el E068. Se trata del proyecto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la promoción de deportes como el béisbol, el boxeo y la caminata, pues aseguraba a principios de su sexenio que estas disciplinas no habían recibido el impulso necesario como “prácticas deportivas enfocadas al alto rendimiento”. 

Al programa le destinó anualmente unos 500 millones de pesos, por lo que se crearon organismos como la Comisión Nacional de Box (Conabox), en la que aterrizó como titular Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo del gobierno de la 4T, Miguel Torruco Marqués. Él siempre negó que tuviera en ese cargo como funcionario público, pero en la Comisión confirman que él tomaba las decisiones de asignación de presupuesto. 

Así fue como Torruco Garza repartió, solo en el primer año de operaciones de la Conabox, alrededor de 40 millones de pesos; los documentos indican que los recursos fluían a los proveedores y a los beneficiarios aun antes de que se entregaran presupuestos y proyectos económicos. La ASF, a través de la Auditoría de Cumplimiento 2019-0-11100-19-0100-2020, reclama que no se llevaron a cabo labores de control y evaluación del ejercicio irregular de estos recursos. 

Lo extraño del asunto es que, a pesar de que la Comisión Nacional de Box es una entidad pública, Torruco Garza registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca comercial “Conabox”, con los expedientes 2260332 y 2260337 del 9 de septiembre de 2019. Los registros corresponden a objetos de papelería y de comercio, como “pera de boxear”, “costal de boxeo”, “careta de boxeo” y “guantes de boxeo”.

Posdata 3

El viernes di a conocer en las redes sociales una carpeta de investigación generada a partir de una denuncia de violación en contra de Waldo Fernández González, candidato de Morena al Senado de la República por Nuevo León.

Según consta en la denuncia presentada ante las autoridades locales, el morenista acudió, en febrero de 2024, a un bar en el centro de Monterrey. En el sitio, el candidato habría invitado a la mujer en cuestión a tomar una bebida. Minutos después, la denunciante comenzó a sentirse mareada, por lo que Fernández González se ofreció a llevarla a su hotel. En el documento se señala la sospecha de que la bebida contenía algún tipo de droga para colocarla en un estado vulnerable.

La denuncia contra Fernández González tiene la carpeta de investigación 0596/2024-UILMTY. Este martes, la víctima, bajo el número de folio UN918612024, va a comparecer ante la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Nuevo León para la práctica de una diligencia ministerial.

Fernández González utilizó su cuenta de X para desestimar el caso y negar las acusaciones, así como para lanzar amenazas. “Hasta el momento yo no he recibido ninguna notificación oficial acerca de esta supuesta denuncia y de estos supuestos hechos”, publicó en su cuenta de X, junto a un video en el que asegura “dar la cara” y aprovecha para intentar posicionar un tema altamente delicado como un asunto de corte “político”. 

Ya le tocará dar las explicaciones ante las instancias de justicia correspondientes. 

@MarioMal

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