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Chilpancingo, ataques judiciales y mortales

Razones

Jorge Fernández Menéndez

En Guerrero hay dos crisis simultáneas que deben ser atendidas: la provocada por el huracán Otis y la de inseguridad: no será posible atenderlas sin tomar medidas básicas, incluyendo la salida de la presidenta municipal del puerto, Abelina López, evidentemente sobrepasada por la tragedia, y de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, evidentemente controlada por el crimen organizado y cuyos desfiguros políticos son cada vez mayores.

Son casos diferentes pero los dos tienen consecuencias graves. Abelina se equivoca en casi todo a la hora de tratar de controlar la situación en el puerto. Pasaron largos días antes de que apareciera luego del paso del huracán y cuando lo hizo tuvo una suma de desatinos. Su declaración demandándole a la gente que se encargue de recoger la basura provocada por el huracán (en una noche se acumuló el total de basura que Acapulco genera en dos años) diciendo que esa no era responsabilidad del gobierno, porque no tiene recursos para hacerlo, es de una insensibilidad y una falta de sentido común más que preocupante. Pero ese tipo de declaraciones se confirman con acciones poco sensatas o prescindentes, una tras otra.

Lo de la presidenta municipal de Chilpancingo es mucho más grave. No es falta de sentido común o que está sobrepasada por la tragedia. La alcaldesa de la capital de Guerrero se ha demostrado que está coludida con criminales. Como se recordará fue grabada en una reunión con el líder de «Los Ardillos», el grupo criminal que tiene control sobre toda esa zona del estado. Y le daba explicaciones de lo que podía y no podía hacer. Los Ardillos al mismo tiempo que se reunían con la alcaldesa estaban realizando ataques contra sus rivales, dejaban cabezas cercenadas frente a oficinas públicas, secuestraban y mataban.

Ayer fueron atacados cuatro periodistas en Chilpancingo, al momento de escribir estas líneas dos estaban gravemente heridos. Venían de cubrir una ejecución en una colonia de la capital del estado. En el fin de semana, por cierto, fueron secuestrados tres periodistas en Taxco, los captures los liberaron, pero el hijo de dos de ellos (son una pareja) sigue desaparecido.

Antes del ataque la presidenta municipal había levantado una denuncia contra cinco periodistas locales por haber publicado las declaraciones de políticos que señalaron que debía solicitar licencia a su cargo mientras se realizaban las investigaciones respecto a su relación con el crimen organizado. La demanda la presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, diciendo que existe en su contra “violencia política de género”. Es una falsedad más: nadie está reclamando la renuncia o licencia de la alcaldesa por el hecho de ser mujer, sino porque se está investigando su relación con el crimen organizado. Como han hecho otras mujeres en la política, está utilizando la presunta violencia política de género para tratar de ocultar una denuncia concreta, verosímil y con pruebas respecto a su accionar político. Su género no tiene nada que ver.

Que la alcaldesa persiga a los periodistas que la critican o que citan a fuentes que lo hacen, al mismo tiempo que son atacados a balazos por los grupos criminales con los que ella misma tiene interlocución, debería ser suficiente para que tuviera que dejar su cargo como cualquier otro funcionario público. Si a eso le sumamos la pésima relación con el gobierno estatal, el desastre administrativo del municipio y la inseguridad traducida en el empoderamiento absoluto de los grupos criminales (que imponen hasta el precio de la tortilla en la capital estatal) la situación debería ser considerada insostenible.

Retomar el control de Guerrero en términos de seguridad es una tarea titánica, en torno a la reconstrucción causada por Otis, pero también en el resto del estado. Pero hacerlo con autoridades rebasadas o coludidas (o si se quiere atenazadas) por el crimen organizado resultará imposible.

Guerrero para reconstruirse necesita un plan de reordenamiento urbano profundo en Acapulco, recursos públicos y privados para hacerlo, gobiernos eficientes que conciten la solidaridad de todos, pero para ello se requiere, inexorablemente, recuperar la seguridad. Y habría que comenzar por la capital del estado.

Medios y castigos

El caso de los periodistas, unos demandados, otros agredidos a balazos en Chilpancingo exhibe, además, otra realidad. No sólo desde el poder se toleran las agresiones contra comunicadores y críticos, sino que también se le quiere dar forma legal a esa persecución.

Ayer leía en El País un reportaje sobre un comunicador detenido en Venezuela por criticar al presidente Nicolás Maduro. Terminó preso porque le aplicaron una ley llamada “Contra el Odio” que identifica las críticas al gobierno como parte de campañas de odio.

Es lo mismo que argumentar violencia política de género cuando lo que existen son críticas, fundadas o no. Ocurre en el caso de Andrea Chávez contra Denisse Dresser o en el de Citlali Hernández contra Ricardo Salinas Pliego, o de Sandra Cuevas contra la 4T o ahora de Marina Rodríguez contra el ex presidente Vicente Fox. No es un tema de género, se trata de acciones controvertidas, de críticas, justificadas o no, en el ámbito político o mediático a personajes públicos, hombres o mujeres, que deben ser tratadas como tales. Por cierto, en Chilpancingo sólo en los primeros seis meses del año hubo 14 feminicidios. Eso es violencia de género.

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