Razones
Jorge Fernández Menéndez
Ya analizaremos con detalle los nuevos nombramientos que hizo Claudia Sheinbaum este jueves. Los miembros del gabinete siguen definiéndose por la capacidad, los acuerdos internos y externos y sus personalidades políticas. Su forma de entender y ejercer el poder. Los cuatro, Omar García Harfuch en seguridad pública, Rosa Icela Rodríguez en Gobernación, Mario Delgado en la SEP y Ariadna Montiel en Bienestar, tienen personalidad y peso propios, significan algo hacia dentro y hacia afuera y generan también interlocuciones diferentes.
Ese parece que será el estilo personal de gobernar de Sheinbaum. Y ese estilo establece diferencias que trascienden la ideología y los acuerdos evidentes con el presidente López Obrador. No se trata de pintar rayas. Es la forma de ejercer el poder lo que puede diferenciar esta administración de su sucesora.
En su célebre libro El estilo personal de gobernar, Luis Cosío Villegas dice que “puesto que el Presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente… Es decir, que el temperamento, el carácter, las simpatías y las diferencias, la educación y las experiencias personales influirán de un modo claro en toda su vida pública y, por tanto, en sus actos de gobierno”. Don Luis hablaba entonces de Luis Echeverría, pero la definición se puede aplicar perfectamente al presidente López Obrador. Es imposible comprender su forma de ejercer el poder sin asumir que el que goza es inmenso, que lo hace de una forma mucho más personal que institucional, y que se rige por su temperamento, sus simpatías, por su educación y experiencias personales, tan afincadas en aquellos años de su inicio personal y político.
La reforma propuesta al poder judicial es una demostración evidente de ese estilo personal de gobernar. No hay elemento alguno que sustente la utilidad de una reforma en los términos en los que está planteada. No existen ni antecedentes nacionales o internacionales de que la elección directa de jueces, magistrados y ministros sea más eficiente, represente mejor los intereses de la sociedad y/o evite o disminuya la corrupción. Al contrario, puede ser un instrumento de corrupción, de penetración de factores de poder, desde partidos hasta criminales, pasando por empresarios o grupos religiosos; acabará con miles de carreras judiciales y terminará limitando seriamente la independencia judicial o de plano subordinando ese poder al ejecutivo.
En el fondo, como diría Cosío Villegas, es la demostración de un poder que se ejerce en forma personal y no institucional, incluso para con su sucesora. Los intentos de atemperar la reforma, de ponerle matices, de tratar de darle cabida a sus críticos, terminan desde el ámbito presidencial siendo desechadas. Cuando el presidente dice que no habrá concertacesiones ni negociación, la pregunta pertinente es para qué entonces se realizan los foros nacionales. Se supone que es para conocer posiciones, cotejarlas, negociar acuerdos y buscar las mejores soluciones. Qué sentido tiene participar en ellos si desde el poder presidencial se descarta que eso pueda ocurrir.
Existen serios temores respecto a la certeza jurídica en que se dejará a la sociedad con la reforma. En el terreno empresarial muchas inversiones están en stand by esperando ver qué sucede. Nuevos inversionistas ya ponen como condición para hacerlo que en caso de diferencias o violaciones de los acuerdos sea en los tribunales estadounidenses donde se litiguen los casos. El propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O tuvo que estar la semana pasada en Londres para tratar de disipar temores y dijo, según las versiones de quienes estuvieron en esos encuentros, que la reforma será matizada por la próxima administración. Pero eso se niega desde la mañanera.
La ministra Yasmín Esquivel hizo una propuesta que permite graduar la reforma y avanzar paso a paso en ella. Se podrá estar o no de acuerdo con lo que propuso Esquivel, pero la intención evidente, en consonancia con lo que se piensa en el equipo de la virtual presidenta electa, era reformar el poder judicial sin dinamitarlo. Algo similar han propuesto otros ministros con diferentes matices.
La intransigencia presidencial, alimentada por los dirigentes más duros de Morena, deja en una muy difícil posición a Claudia: si va a una reforma sin matices comienza su gobierno con la desconfianza de inversionistas y empresarios y con un poder judicial paralizado durante meses; si la matiza, se distancia de un presidente popular, poderoso y que piensa ejercer plenamente el poder por lo menos hasta el último día de su mandato. E imponer como legado esa reforma.
Esa forma de ejercer el poder de la que hablaba Cosío Villegas también se puso de manifiesto en el caso de Latinus, sus periodistas y colaboradores. Se podrá o no estar de acuerdo con el periodismo que se hace en Latinus, con Carlos Loret o con Víctor Trujillo, pero divulgar sus salarios e ingresos, de ellos y de otros colaboradores de ese medio, y de muchos más como ya se hizo veces en la mañanera, es una violación a la ley y al derecho a la privacidad.
Pero eso es lo que pasa cuando se ejerce el poder con base en “el temperamento, el carácter, las simpatías y las diferencias, la educación y las experiencias personales” de un mandatario, mismas “que influyen en toda su vida pública y, por tanto, en sus actos de gobierno”. El estilo personal de gobernar que tanto criticaba Cosió Villegas en Luis Echeverría…hace medio siglo.
