Razones
Jorge Fernández Menéndez
No creo en los testigos protegidos que no pueden comprobar sus dichos con pruebas materiales. El que un narcotraficante a cambio de su libertad declare, años después de ser detenido y a cambio de su libertad, que entregó dinero o que tuvo complicidad con alguna persona o funcionario pierde credibilidad si no puede respaldarse con datos duros. Eso se aplica al presidente López Obrador o a García Luna, al caso Ayotzinapa o cualquier otro.
En Estados Unidos, el reconocido periodista Tim Golden publicó una amplia investigación en la que cuenta cómo Roberto López Nájera, conocido como el testigo protegido Jennifer, testificó ante la DEA que entre 2009 y 2010 había sido abogado de Edagar Valdez Villareal, La Barbie y que había participado en una reunión en 2006, en Nuevo Vallarta, con políticos que decían representar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y narcotraficantes, incluyendo a La Barbie. En ese encuentro, se llegó a un acuerdo para financiar la campaña de López Obrador en el 2006. Eran los años en los que los Beltrán Leyva, todavía parte del cártel de Sinaloa, tenían una amplia presencia en la ciudad de México, Guerrero y Morelos, además de Sinaloa y Sonora.
Ese testimonio es coincidente con el que maneja la fiscalía del sur de Nueva York que tendría abierta una investigación sobre la presunta entrega de dos millones de dólares del cártel de los Beltrán Leyva a la campaña presidencial en el 2006. Esta segunda información está relacionada con la primera, porque involucra al mismo cártel. Uno de los personajes es Sergio Villareal, El Grande, uno de los jefes de sicarios de los Beltrán Leyva, convertido también en testigo protegido, y otro es Jesús El Rey Zambada que en el 2013 ya había declarado ante la DEA que habían financiado la campaña del 2006 de López Obrador a través de quien era entonces el secretario de seguridad del gobierno capitalino, Gabriel Regino, que se especulaba que sería, dijo el hermano de El Mayo Zambada, el titular de seguridad federal si ganaba López Obrador la presidencia.
El problema es que la información surge de la misma fiscalía del sur de Nueva York que juzgó al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna, y ese testimonio, se presentó en el juicio contra García Luna. Ahí cuando el abogado defensor de García Luna interrogó a Zambada sobre el presunto aporte a la campaña de López Obrador en el 2006. El hermano de El Mayo, también testigo colaborador de la fiscalía, dijo que había pagado ese dinero a Gabriel Regino pero que no era para López Obrador, cuando el abogado defensor ahondó más en el tema, la fiscalía interrumpió el interrogatorio porque dijo que ese no era el tema del proceso. Y el juez Brian Cogan lo aceptó
Pero lo cierto es que la investigación está abierta en la fiscalía de Nueva York, que El Grande, el Rey y Jennifer han sido testigos creíbles para esa fiscalía y a todo ellos les han dado beneficios por este tipo de testimonios. Insisto, esos testimonios, desde mi punto de vista, no son válidos porque no se sustentan en pruebas materiales, no sirven para condenar a Genaro García Luna, pero tampoco para proceder contra Gabriel Regino y tampoco contra el presidente López Obrador, que calificó esas denuncias como una “vil calumnia”.
El problema es cuando se hacen selectivas esas opiniones. Si esa investigación basada en esas acusaciones son una calumnia contra López Obrador, también lo serían contra García Luna, porque el juicio contra éste se basa solamente en esos mismos testigos y sus testimonios, sin una sola prueba material. Muchas veces hemos dicho que ese es el riego inherente a aceptar este tipo de testimonios y hacerlos buenos sin pruebas que los respalden y es que se pueden convertir como ocurre ahora en un boomerang.
Además, todo esto ocurre en un momento en que en México se politiza y se manipula la procuración de justicia en forma notable. Ahí está el informe de Transparencia Internacional que nos coloca en una posición global lamentable (número 126 de 180 naciones estudiadas, por debajo de buena parte de las naciones latinoamericanas) en el índice de corrupción precisamente por ese tema. Pero inevitablemente, cuando aquí politizamos y manipulamos la justicia con fines políticos eso también se refleja en las acusaciones que se hacen contra personajes en México, sean García Luna o López Obrador.
Además, como comentábamos esta misma semana se enlaza con un momento muy particular, el del endurecimiento del discurso antiinmigrante en Estados Unidos, que ya abarca desde el presidente Joe Biden hasta Donald Trump, ante lo que consideran poca colaboración de México para frenar la migración, con amenazas serias de cerrar la frontera.
Y con agravantes. México, dijo el presidente López Obrador sobre la última reunión de diciembre en Washington de funcionarios estadounidenses y mexicanos, que, para resolver el tema migratorio y por ende la crisis en la frontera, entre otras dos medidas (financiamiento y amnistía) la Casa Blanca debía levantar el bloqueo a Cuba y las sanciones a Venezuela, los otros dos grandes países exportadores de migrantes, junto con México, hacia Estados Unidos. Las sanciones no se levantarán en ninguno de los dos casos. En Venezuela se rompieron todos los acuerdos con la inhabilitación a María Corina Machado como candidata presidencial (tiene un 70 por ciento de aceptación en las encuestas) ante lo cual, por cierto, el gobierno de López Obrador no ha dicho una palabra. El apoyo de López Obrador a Díaz Canel y Maduro sigue siendo inmutable.
El gobierno federal ha hecho de aprendiz de brujo y ha echado a andar fuerzas que no va a poder controlar.
