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Razones

Jorge Fernández Menéndez

Todas las divulgaciones de escuchas telefónicas e intercepción de mensajes que exhibió sin pudor alguno y durante meses la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa Los Martes del Jaguar eran, y siguen siendo, ilegales. Más allá de su contenido que resultaba crítico para varios personajes, instituciones y empresas, sobre todo con su antecesor Alejandro Moreno, Alito, el actual presidente del PRI, estamos hablando de intercepciones ilegales realizadas desde el Estado y divulgadas por la gobernadora en un espacio público. Era y es indefendible.

Ayer Sansores comprobó aquello de que, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Proceso divulgó chats y comunicaciones de la propia gobernadora que no sólo confirman el origen ilegal de la intercepciones que ella utilizaba, sino también su infiltración en el equipo de Alito, al grado de robarle dinero para financiar su propia campaña, su desprecio por los periodistas, sus mecanismos de corrupción, sus intrigas dentro de su propio partido y una larga lista de presuntos delitos que en cualquier otro caso hubieran provocado una crisis de gobierno y hasta una investigación judicial.

No creo que pueda pasar en Campeche, como no trascendieron judicialmente las irregularidades que se encontraron de su paso por la alcaldía Álvaro Obregón, en la ciudad de México, que gobernó, es un decir, en el primer trienio de esta administración, pero lo exhibido la inhabilita y exhibe políticamente. Layda reconoce en esas pláticas cómo infiltró con su sobrino y su esposa, el equipo de Alito, para espiarlo y darle la información a la ahora gobernadora, cómo dinero del ex gobernador y ahora presidente del PRI, terminó en las arcas de Sansores para financiar su campaña; cómo exige a su jefe de prensa que soborne periodistas y medios de comunicación. Incluso Layda en esos mensajes sostiene que su candidata y “hermana” Claudia Sheinbaum (a la que apoda Claudita) se está retrocediendo en la precampaña, que Monreal (a quien no se cansó de agredir y que la demandó por las grabaciones que ella divulgaba, sin lograr una intervención efectiva de las autoridades para impedirlo) está creciendo y que Adán Augusto López se mantiene en la pelea. Bueno, hasta termina insultando a sus vecinos yucatecos.

Lo más grave es que se exhibe cómo funciona su aparato de espionaje a partir de un equipo israelí, llamado Rafael, que casualmente desapareció de la secretaría de Gobernación a fines del sexenio pasado y por lo que hay un proceso abierto. No queda clara la participación del fiscal estatal Renato Sales en ello, porque en una de las conversaciones Layda dice que quiere deshacerse de él, pero sí que el sobrino de Layda es quien manejaba el sistema y las intervenciones, incluso construyendo conversaciones falsas con frases tomadas de otras pláticas intervenidas. Se pone de manifiesto que violaron con ese sistema de espionaje los códigos de empresas como WhatsApp, que por ese sólo hecho podría demandarla en Estados Unidos. Estamos hablando de delitos considerados graves, tanto en el ámbito local como federal, que una fiscalía realmente autónoma tendría que investigar de oficio.

Hay más, la filtración de mensajes y conversaciones de Layda, parecen venir del entorno del propio oficialismo, local y/o federal. Es mucha información, muy bien procesada, de muchos temas delicados tratados sin ningún recato, con su gente de mayor confianza. No es descabellado que los mismos que le proveyeron de grabaciones y conversaciones ilegalmente obtenidas de sus adversarios, también la estuvieran espiando a ella y por alguna razón le han jugado en contra. Algo se está derrumbando también en el entorno de la gobernadora, de la misma forma que la seguridad en un estado que, como Campeche, tenía de los mejores índices del país.

La gobernadora Sansores con su estilo agresivo, con sus Martes del Jaguar, con sus agravios a propios y extraños, se ha ganado todo tipo de enemigos. Y ahora comienza a pagar esos costos. Quién sabe hasta dónde llegarán.

García Luna: día III

Otro día complicado para la fiscalía de Nueva York en el juicio contra García Luna. El juez Brian Cogan desestimó el testimonio del segundo testigo, Tirso Martínez Sánchez, apodado el Futbolista, y presentado por la Fiscalía desde el martes por la tarde. El magistrado lo calificó de «rumor» y «pérdida de tiempo».

Con un agravante, todo el testimonio de Tirso es de oídas y se remonta a una época anterior al periodo cuestionado por la fiscalía, que va de 2001 al 2012. Incluso incluye menciones a personajes que no identificó con su apellido y que no se puede comprobar siquiera si existen. Tirso otro testigo protegido que se acogió a beneficios para obtener la libertad que ya goza (como Sergio Villareal El Grande, el anterior testigo) aceptó que le debe aún a la fiscalía de NY una multa de dos millones de dólares “que ahora está viendo cómo paga”.

Insisto en un punto: si la fiscalía no comienza exhibir pruebas documentales de sus acusaciones, será muy difícil que éstas puedan transitar más allá de los impactos informativos. Y por cierto, como decíamos ayer, los millones de dólares de los que se habló en la mañanera y en otros ámbitos, no están acreditados a García Luna sino a la familia Weinberg, sus socios en Miami, unos acaudalados empresarios inmobiliarios estadounidenses, cuyos bienes, por el proceso están embargados. En México, García Luna ya ganó un amparo definitivo respecto a esas acusaciones.

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