Ricardo Monreal Ávila
La geopolítica actual y sus acontecimientos (los efectos del cambio climático, de la contingencia sanitaria por COVID-19, los flujos migratorios y la guerra en Ucrania) obligan a referirnos a la necesidad de procesos de integración regional, y particularmente en esta nueva situación global, en la que América Latina tiene un rol destacado.
Los procesos de integración regional conllevan la conciliación de políticas económicas, comerciales, financieras, legislativas y socioculturales —sinergias colectivas—, dentro de un mismo espacio geográfico común, con objetivos claros hacia una consolidación geopolítica en pro del desarrollo del bienestar mutuo y con sólida presencia competitiva en los mercados globales.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sugiere acertadamente que las grandes crisis que vivimos en la actualidad “no pueden ser abordadas en solitario”. Los retos que nos aquejan no conocen fronteras; de ahí la necesidad de diseñar y adaptar mecanismos de integración y cooperación para una mejor toma de decisiones y certidumbre para tiempos futuros, es decir, tener una base estructural para poder accionar respuestas coordinadas.
La Unión Europea (UE), en ese sentido, es un ejemplo claro del camino que se requiere para una verdadera integración regional. Un proceso que inició poco más de siete décadas atrás, con un objetivo común orientado hacia la paz interior y el nacimiento de una serie de organismos gubernamentales supranacionales, y un cuerpo de leyes que han ido moldeándose de acuerdo con el contexto socioeconómico —entre crisis y retos— a lo largo de los años. Un esfuerzo de liderazgos y voluntades políticas que concretaron un mercado único con las “cuatro libertades”: de libre circulación de personas, de mercancías, de servicios y de dinero. Es decir, la integración de la UE demuestra la intrincada estructura de colaboración entre países y la implementación de un complejo entramado institucional y financiero.
Actualmente, los esfuerzos hacia una integración regional retoman nuevos ímpetus en un contexto en el que América Latina y el Caribe tienen un valor estratégico ineludible, al disponer de una gran diversidad de materias primas y de un crecimiento poblacional que, con una segura, ordenada y legal migración, pueden apoyar al aumento de habitantes y mano de obra en los países que lo requieran.
No existe duda de la importancia de nuestra región hacia el exterior, de ahí la reciente renovación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Chile; el posible guiño del avance del acuerdo con el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Paraguay), con la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Chile, Argentina y Brasil, así como la aplazada modernización del acuerdo con México. Con América Latina y el Caribe en la mira, la UE intenta atajar la dependencia de China y Rusia en materias primas y energía.
La necesidad de crear una unión entre nuestros países, aun con sus asimetrías y diferencias, requiere indiscutiblemente de la incorporación de mecanismos y normas que garanticen la seguridad jurídica de las inversiones —nacionales y extranjeras—, así como la libertad de las personas. El objetivo se debe basar en la identificación de coincidencias; en que como región se obtenga un mayor peso específico en la toma de decisiones globales; en mostrar una óptica propia, y en desplegar las potencialidades de una mejor coordinación política y presencia en la economía mundial.
Nuestro país —con una geografía competitiva— es una de las naciones con mayor interacción regional y compromiso hacia soluciones de los grandes retos que ocupan al mundo. Somos un país de pertenencias múltiples: enclavado en América del Norte, pero de raíz y cultura latinoamericana y caribeña; con relaciones históricas con el continente europeo e integrante de las principales organizaciones de cooperación Asia-Pacífico.
Regionalmente, requerimos cimentar un grupo de países afines, que sea capaz de presentar una agenda común en foros multilaterales, y generar sinergias de beneficio colectivo y para cada una de las partes; estructurarnos en el actuar como una sola región, con esfuerzos unidos en la defensa de intereses comunes; asegurar el progreso de nuestros pueblos hacia la recuperación económica pospandemia, la seguridad alimentaria y energética, así como la cooperación en materia ambiental, que nos den la posibilidad de competir económicamente con bloques similares, como la Unión Europea.
