Puntos Fiscales
Violencia contra periodistas
José Luis León Robles
dj_drdead@hotmail.com
Muy buenos días distinguidos lectores, después de unos días de tradición y festejos de nuestros seres queridos que ya se adelantaron a mejor vida, el día de hoy mencionaré un tema muy importante, ello derivado de los últimos acontecimientos donde han privado de la vida a compañeros periodistas, frente al incremento de los ataques del crimen organizado contra la prensa en nuestro país, existen regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, en el lenguaje de compañeros periodistas se les denominó zonas de silencio para referirse a las regiones en las que se han concentrado las actividades de los grupos criminales, o también de las agresiones contra la prensa, por ello en esa zonas críticas los periodistas automáticamente optan por la autocensura, reduciendo el flujo de información sobre la presencia de grupos criminales y los resultados de las políticas públicas dirigidas a contenerlos, desgraciadamente en los últimos años el repunte dela violencia criminal ha hecho que algunos medios renuncien a informar sobre las actividades del crimen organizado, así como otros que se han negado a abandonar su función informativa, han modificado sus estrategias de reporteo para reducir el riesgo. Estamos de acuerdo con ello distinguido lector que no basta con asociar el surgimiento de las llamadas zonas de silencio con la intimidación del crimen organizado que, sin minimizar su gravedad, que ha venido representado alrededor de 6?% de las agresiones contra la prensa según los últimos estudios a nivel nacional, si bien hay una enorme cifra negra correspondiente a agresores no identificados, pero para comprender el surgimiento de las zonas de silencio es necesario incluir dentro del análisis las condiciones políticas locales, que pueden en algún momento recrudecer el retraimiento de la prensa o, por el contrario, favorecer que la prensa encuentre alternativas para continuar con su función informativa, una zona de silencio se observaría como una brecha entre el indicador de homicidios y los titulares sobre violencia, como acontece para los Estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz, estos estados combinan un nivel bajo de noticias relacionadas con violencia y crimen organizado con niveles altos de homicidios por arma de fuego. En cambio, en Baja California o Sinaloa, los principales periódicos no han dejado de publicar contenido relacionado con crimen organizado, a pesar de desempeñarse bajo condiciones de violencia, Guanajuato o Tamaulipas, destacan por presentar el mayor número de notas sobre crimen organizado. Así, bajo este panorama la evidencia muestra que el escenario más proclive para la autocensura es aquel en el que convergen la acción del crimen organizado junto con intentos gubernamentales locales de influir en la prensa, como el caso de Veracruz, que destaca por la violencia contra periodistas atribuida a funcionarios públicos, o el de Chihuahua, que presenta uno de los mayores niveles de gasto en publicidad oficial, después de varios años en que el estado iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico, las lógicas de colusión entre criminales y gobernantes son más profundas y los estilos autoritarios en la forma de ejercer el poder local se han asentado. Esta combinación perversa pone en mayores riesgos a quienes ejercen el periodismo y los coloca en una situación de mayor proclividad hacia la autocensura si no hay un fortalecimiento de los frenos y contrapesos locales. Estos últimos serán actores claves para preservar, por un lado, la labor informativa de la prensa, y por otro, la posibilidad de lograr un mejor periodismo que contribuya a comprender mejor las complejidades de la violencia y de las consecuencias de las políticas de seguridad pública. Hoy más que nunca debemos exigir al estado la garantía para la noble labor de informar.
