Jeny Pascacio /Diario de Chiapas
Cientos de migrantes centroamericanos fueron abandonados por el Instituto Nacional de Migración en la frontera de México con Guatemala tras el anuncio de la administración de Joe Biden de acelerar las expulsiones por Título 42, denunció el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.
El 9 y 10 de agosto, las organizaciones de la sociedad civil documentaron la llegada a Tapachula, de un vuelo diario proveniente de McAllen, Texas, Estados Unidos, que transportaba a personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas, principalmente mujeres y familias con niñas y niños.
Después fueron llevados desde Tapachula en 12 autobuses del INM, cuatro el primer día y ocho el segundo, hacia la ciudad fronteriza Talismán custodiados por la Guardia Nacional.
“Se les abandonó en la frontera con Guatemala, como sucedió bajo la política de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Sin que hasta el momento haya claridad sobre qué proceso administrativo siguieron en México”.
El Colectivo destaca que fueron los primeros vuelos en llegar a Tapachula tras el anuncio de la medida instaurada en el mandato de Donald Trump que permite la expulsión inmediata de personas con el pretexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, “aunque no hay evidencia científica que avale la efectividad de esta medida”.
De acuerdo con los testimonios recabados por las organizaciones, el INM negó “explícitamente, incluso con insultos, la posibilidad de solicitar asilo en México”.
Lo mismo sucedió con dos vuelos provenientes de Brownsville, Texas, que llegaron al aeropuerto de Villahermosa desde donde los migrantes fueron trasladados en autobuses del INM hasta la frontera El Ceibo, con Guatemala, siguiendo el mismo modus operandi que en Tapachula.
Por ello, exigen una aclaración de las autoridades mexicanas sobre la operación de estas acciones y bajo qué acuerdos se ha determinado realizarlos. Asimismo, piden garantizar el acceso a información clara y necesaria sobre sus derechos, sobre todo al tratarse de familias, personas con necesidades de protección internacional y niñas, niños y adolescentes no acompañados.
Como un punto importante, solicitan que se avale el acceso al procedimiento de asilo que incluye el acceso a información en los idiomas. “No condicionar la regularización en México exclusivamente a la figura de refugio si la persona ha manifestado su interés de solicitar asilo en otro país”.
PREOCUPA A UNICEF y ACNUR
Las Oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), UNICEF, ONUDH, ONU Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se unieron a la manifestación sobre la preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42, pues han contabilizado cinco vuelos que salieron con el mismo objetivo desde Estados Unidos.
“Esta nueva medida, lejos de terminar con estas restricciones, sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros”.
El comunicado de ACNUR menciona que con 12 mil 807 nuevas solicitudes de asilo tan solo en el mes de julio, más de 70 por ciento en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018.
“Esta situación representa un enorme reto para México, cuya respuesta exige intervenciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo. Es fundamental que se puedan identificar las necesidades específicas de cada persona, incluyendo la eventual necesidad de protección internacional, en sus diferentes formas”.
Las Agencias reconocen que la COVID-19 representa importantes desafíos para todos los países, por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumentos de salud pública no es una respuesta viable.
