A. Marroquín/ Diario de Chiapas
A pesar de haber infringido y violado la ley, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsóe Morales Vázquez, tendrá entre uno a dos meses para pensar si remedia o no el daño causado en contra de la regidora Adriana Guillén Hernández.
María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral en Chiapas, dio a conocer que será entre el miércoles 6 o el jueves 7 de enero de 2021 cuando la Dirección Ejecutiva Jurídica de lo Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), notifique al Ayuntamiento capitalino, Instituto Nacional Electoral (INE), Congreso del Estado, Secretaría de la Honestidad y Función Pública y al Partido Encuentro Social sobre el Procedimiento Especial Sancionador iniciado en contra del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsóe Morales Vázquez.
Con la inhabilidad de funciones por año nuevo, la consejera electoral del IEPC, explicó que antes de que concluya la primera semana de enero se hará oficial la notificación a las partes de las sanciones iniciadas en contra del alcalde de Tuxtla.
“La Dirección Jurídica tiene 48 horas para notificarle al denunciado y procesar los puntos de la resolución, que es también notificarle al INE, enviarle también el asunto al Congreso y darle cumplimiento a la resolución, es por eso que no aparece… hoy quedó el engrose y en el transcurso de mañana o pasado se va a procesar”, indicó.
Sin embargo, Vila Domínguez aclaró que la notificación enviada a las autoridades correspondientes no sentencia las sanciones impuestas por el Organismo Público Electoral Local, ya que el denunciado tiene derecho de impugnar la resolución dentro de tres a cuatro días de haberle notificado.
“En materia de procedimientos sancionadores la ejecución formal de las resoluciones se da hasta que causen estado o ejecutorias… es decir que queden firmes”, reiteró.
¿A la lista negra?
En entrevista para Diario de Chiapas, la funcionaria electoral consideró que lo más probable e inmediato es que el alcalde de Tuxtla se ampare en los tribunales electorales, y se vaya hasta la última estancia, por lo que la disculpa pública, su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPRG y la reparación del daño a la regidora Guillén Hernández se aplace.
“Lo más seguro es que se vaya a esta esa última estancia. Vamos a suponer que, en la última estancia, ya la final que es Sala Superior decida que queda firme la resolución que emitió el instituto en ese momento se pedirá la ejecución formal, que es la disculpa pública, la inscripción formal en el registro nacional de personas sancionadas, la medida de reparabilidad que se pidió, y también la vista de otras autoridades”, puntualizó.
Varios meses de espera
En cuanto a la inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia, refirió que el INE puede o no añadirlo a su “lista negra” de servidores públicos violentos, pero tal determinación es única y exclusiva de la autoridad electoral.
“INE debería de esperar a que estuviera firme la resolución… además como un derecho de presunción de inocencia, que no se vea demeritada su imagen pública”, apuntó.
Por lo anterior, Vila Domínguez planteó que el juicio pueda demorar entre uno a dos meses, pero sin garantías de que para esas fechas se tenga un resolutivo final, si se aprueba o desecha lo aprobado por el Consejo General del IEPC.
De esta manera, la consejera local destacó que la última palabra la tendrán los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en caso que Morales Vázquez impugne el resolutivo.
“De manera ordinaria a nivel estado no más de un mes y a nivel federal póngale otro, pero desconozco los tiempos del Tribunal Electoral ahorita, recordemos que, pues estamos en una pandemia, por ejemplo, la situación de Pantelhó está en el tribunal desde mediados de noviembre y pues no ha sido resuelto”, opinó.
