• Evidencian escamoteo en la compra de contenedores; transfiere Ayuntamiento más de 28 mdp con la factura 866 despachada en la tesorería municipal; el ahorro por venta de mayoreo, la trampa
• Lorena Piñón, secretaria de Gestión Social del PRI, interpondrá querella; confía en que se castigue a los responsables de la violencia contra regidora Adriana Guillén
No habrá carpetazo
Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas
En esta ocasión, en el programa Denuncia Pública que conduce Felipe Alamilla, estuvo la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Ana Laura Romero Basurto, quien habló sobre las anomalías entre la empresa Veolia-Proactiva y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Carlos Orsoe Morales Vázquez.
ENTREGAN CUENTAS PÚBLICAS
La legisladora informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) está trabajando para verificar las cuentas públicas en la entidad, lo cual es algo prioritario para el Congreso del Estado.
Señaló que 100 ayuntamientos inicialmente entregaron en tiempo y forma su cuenta pública, 25 ayuntamientos más presentaron una prórroga, por lo que hasta hoy después de este aplazamiento, 123 municipios entregaron su cuenta pública anual.
Dependencias, secretarios y presidentes municipales ahora tienen más responsabilidad, y “aprobar la cuenta pública no significa que haya apertura para que hagan lo que quieran, esto se sigue verificando de forma constante para evitar irregularidades en el manejo del dinero”, apuntó.
SE ATIENDE DENUNCIA
Al ser cuestionada sobre el desvío de más de 28 millones de pesos en el Ayuntamiento que preside Morales Vázquez, la diputada afirmó que ya se atienden las denuncias que se han realizado para analizar la situación y verificar si existe o no un desvío y la acción que se tiene que realizar.
“Recibimos un oficio de Juan Salvador, en los próximos días se estará preparando un proyecto en la Comisión de Vigilancia, ya que se ha trabajado de forma coordinada, y por ello estamos teniendo un trabajo limpio, pero ASE tiene que cumplir con todas las normas para subirlo al pleno, analizarlo y verificar lo que se debe realizar”, detalló.
Agregó que no se dejará pasar por alto ningún tipo de denuncia de diputados compañeros, ni de la ciudadanía misma, para esclarecer y evitar situaciones irregulares en la capital chiapaneca.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado indicó que se le está dando seguimiento a todas las denuncias, pero no dejarán impune ningún tipo de anomalía o acto de corrupción, por lo que Tuxtla al igual que otros municipios están en la mira y análisis de sus finanzas, ya que no se permitirán más abusos.
“Cada ente y cada denuncia como la de Juan Salvador, veremos qué tratamiento vamos a hacer, la Comisión tiene que sesionar para que podamos mandar ese dictamen al pleno y se mande el exhorto correspondiente, para que la Auditoría Superior sea transparente en el tema de Tuxtla Gutiérrez, el compromiso está desde el Congreso y desde esta coordinación de vigilancia”, apuntó.
De esta forma se dejó en claro que no habrá carpetazo al caso de la capital chiapaneca, en donde Carlos Morales ha sido señalado por varios actos de corrupción, además de ser uno de los peores ediles de Chiapas.
12 mdp, el diezmo para edil
Diego Victorio
La noticia atrajo el interés periodístico de la prensa nacional. Había elementos para darle espacios importantes.
El actor principal es un alcalde reincidente en escándalos de transparencia, es de Morena y gobierna la capital de Chiapas. Suficiente para pasarlo por el mismo rasero que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett y la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
En paralelo, el contenido de la información prevenía de un posible escándalo.
Adquirir contenedores de residuos sólidos en 7 mil 304 pesos con 97 centavos, en una compra al mayoreo, obliga a prestar atención especial.
Y, si la importación fue de 3 mil 834 depósitos para basura y, sí en la operación hay 28 millones de pesos invertidos, espanta a cualquiera.
Ya si participas como un tercer interesado en el caso y revisas que el proceso administrativo de la compra no aguanta una auditoría, e incluso, consideras que se pudiera configurar como detrimento al erario, asusta doblemente a quien usted me diga.
El caso es para objeto de estudio, desde dos grandes aristas: la evidente violación a la Ley de Adquisiciones y Contratación del Estado de Chiapas y, un supuesto escamoteo a los precios de compra.
Y es que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez otorgó un contrato de 28 millones 007 mil pesos, por asignación directa, a la empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., para la adquisición de contenedores de basura.
Dinero que fue movido del Programa de Inversión Municipal (PIM), a las cuentas de la firma privada, a través de la transferencia 1261, con la factura 866, despachada en la tesorería municipal.
Vulnerando el ABC del proceso de licitación pública nacional que, por el monto utilizado para la compra, exigía apelar a los modelos de adquisición, a la restringida con al menos tres proveedores participantes o la pública nacional.
Al otorgar el beneficio, por la vía directa, a Veolia Residuos, la operación se saltó los procesos de rigor, como la investigación de mercados y promediar los precios, los aceptables y no convenientes, básicos en cualquier contratación que goza de legitimidad.
Por eso se presume que la transacción es espuria, ficticia, un traje a la medida con sendos beneficios, al amparo de la ilegalidad, para las partes en comento, contratante y proveedor.
Lo que no midieron es que todos los cabos están sueltos, otro de ellos es el posible sobreprecio en los artículos adquiridos.
Al acudir a la experiencia de empresarios del ramo, aseguran unánimemente que, en este tipo de ventas por volumen, en este caso 3 mil 834 piezas, el precio de lista es ajustable hasta en un 40 por ciento menos. Lo que en el argot se le conoce como venta por mayoreo.
Quienes tienen práctica en el modelo de negocio señalan que por default el precio de mercado se reduce, dependiendo de los acuerdos no escritos.
Al apelar a una aritmética simple, en el entendido de que al contenedor se le descontó un 40 por ciento de su precio de lista, el monto total ya no sería de 28 millones de pesos, como fue facturado con cargo a la hacienda municipal de Tuxtla, sino de 16 millones 804 mil pesos, es decir, pudo haber existido un ahorro de 12 millones de pesos.
El resultado de la operación matemática es exacto, son 12 millones de pesos ahorrados, pero de acuerdo a un documento oficial de la tesorería municipal de la comuna coneja, sí fueron dispersados a la cuenta bancaria de Veolia Residuos, tal como lo describí líneas arriba con número de transferencia y factura.
Los presuntos 12 millones pudo haber sido el diezmo del alcalde Carlos Morales Vázquez, ahí podría estar la respuesta al hipotético ilícito, arbitrario, ventajoso y vergonzoso procedimiento de adjudicación directa a la empresa consentida del alcalde, Veolia Residuos. Al Tiempo.
Comentarios Atrincherados
***La reelección de ediles podría ocasionar un choque de trenes.
Los alcaldes con aspiraciones a repetir en el cargo apelarán a la protección de sus derechos políticos, en caso de que los obliguen a desistir “voluntariamente”.
He sondeado en la arena política local y, son más de dos decenas de presidentes municipales que, sienten que sus números son halagüeños para extender su mandato, tres años más.
El caso es que, la ilusión edilicia podría modificar el estatus quo, toda vez que hay municipios, donde un personaje del segundo piso de conocido edificio gubernamental, ya ofreció alcaldías a presuntos candidatos, sin contar que el alcalde en funciones de esa misma demarcación también persigue el mismo beneficio.
Un brete qué, ojalá no fomente el abuso de poder o la torcedura de la ley para beneficio personal. Ojo. HASTA PRONTO.
Denuncia a la FGR: PRI
Agencias / Diario de Chiapas
México.- A casi tres meses que del inicio formal de los comicios del 2021 en México, la violencia política de género sigue cobrando víctimas, ante un gobierno federal indolente y arcaico, que sólo polariza a la sociedad, aseguró Lorena Piñón Rivera, Secretaria de Gestión Social del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el marco de la videoconferencia “Violencia Política de Género”, en la que dialogó con la regidora de Chiapas, Adriana Guillén Hernández, quien es víctima de dicha violencia, Piñón Rivera expuso que el gobierno federal ha hecho caso omiso a los reclamos de las mujeres mexicanas y ha solapado a quienes han ejercido desde el poder la violencia política de género.
Dijo que en el caso de la agresión a Adriana Guillén Hernández, Regidora de la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, se le han violentado sus derechos por denunciar actos de corrupción en el municipio, encabezado por Carlos Orsoe Morales Vázquez.
Explicó que hasta hace dos meses, en el país no existía un marco legal uniforme que se ocupara de la problemática de la violencia política de género, por lo que los tribunales electorales crearon diversos criterios jurisprudenciales en la materia, lo cual implica algunas limitantes, que han restringido su eficacia. Incluso, destacó que en el ámbito penal, hasta el año pasado no había un solo asunto sobre violencia política que se hubiera resuelto a favor de la víctima.
Informó que en abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma sobre el tema, que comprende adecuaciones a diversas leyes en México, con un impacto significativo en la vida político-electoral, particularmente en los procesos electorales por venir.
Por su parte, al referirse al ataque cobarde en su contra, la Regidora Adriana Guillén Hernández afirmó: “No bajaré la guardia ni la voz para denunciar los abusos de los colaboradores del gobierno de la 4T”, y dio a conocer que interpuso una denuncia de hechos en contra quien resulte responsable, por el delito de violencia política de género ante la Fiscalía Especializada de la Protección de los Derechos de las Mujeres, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Anticipó que, aunque no está tipificado este delito en el estado, presentará su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y confió que se le dé seguimiento y se castigue a los responsables.
Advirtió que “todo acto de violencia en contra de la mujer es inaceptable y reprobable. Y ningún abuso debe quedar impune”.
Informó que ha sido víctima de ataques en redes sociales, los cuales provienen de cuentas falsas que actuaron presuntamente por órdenes del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, quien por cierto, dijo, cuenta con más del 60 por ciento de desaprobación en el ejercicio de su gobierno.
Asevero que, pese a todo, “no van a silenciar mi voz en el cabildo y redoblaré mi compromiso por ser una oposición crítica y responsable, que defiende en todo momento los intereses de los habitantes de la capital. No seré omisa ante actos de corrupción”.
Expuso que “la violencia política contra las mujeres se convierte en un delito electoral, cuando se afecta el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, se publiquen o divulguen imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública y que menoscabe el ejercicio de sus derechos. Esta lucha no es sólo por mí, sino por todas, porque ninguna mujer merece ser vulnerada en su derecho a alzar la voz”.
