Marco Alvarado / Diario de Chiapas
A dos años de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución respecto al basurero cercano al ejido Emiliano Zapata, por sus efectos en el medioambiente y la salud humana, el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de lo ordenado, pese a que 25 personas han muerto, aparentemente por la exposición a los contaminantes que por más de dos décadas generó el basurero, que alguna vez manejó la empresa Proactiva, hoy denominada Veolia.
De acuerdo con el abogado defensor de los ejidatarios, Ángel Ancheyta Villafuerte, las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a investigar cómo afecta el basurero y el actual relleno sanitario a los habitantes, qué relación hay con las muertes y hasta qué punto el agua de los pozos cercanos se contaminó con los desechos.
“La corte tiene conocimiento de que 25 personas han muerto por cáncer gástrico, una afectación que es mayor en esta zona comparado con otras regiones del estado; también, en un análisis realizado por la Conagua, se determinó que los pozos tienen agua con rastros fecales y presencia de metales pesados como el aluminio y cromo, este último relacionado con la aparición de cáncer en los seres humanos, aunque, según ellos, la cantidad no rebasa los límites permitidos”.
No obstante, recordó que durante más de dos décadas los habitantes estuvieron expuestos a la contaminación del basurero, generando con ello condiciones que podrían explicar la muerte de tantos habitantes por una misma afección.
Señaló que la resolución 24/2019, y la medida cautelar 1498-18, no han sido acatadas, por ejemplo, por una de las autoridades que conforman el Estado mexicano, como lo es el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que hasta el momento no realiza la investigación ni el acompañamiento médicos de los pobladores enfermos.
Según lo que ordenó la corte, el Estado mexicano debe dar cobertura en salud a los habitantes del ejido, investigar las muertes, su posible relación con el basurero, el impacto que generó y cómo podría afectar el actual relleno sanitario que administra la misma empresa, conocida ahora como Veolia.
“Hablamos de mil 600 habitantes a quienes reconocieron como afectados, pero que no han recibido la atención necesaria. Las autoridades sanitarias y del medioambiente, el ayuntamiento y otras que estén relacionadas con el tema, han sido omisas ante los juicios de amparo que ganaron los pobladores”.
Y pese a que las medidas cautelares también fueron del conocimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) “tampoco dieron cumplimiento”, aseguró el litigante.
