Doña María Eugenia, de 72 años, narra cómo fue víctima de estos atroces personajes que lucran con el dolor humano
Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas
Los rostros de las víctimas del cartel inmobiliario de Chiapas tienen nombre y apellido. Una de ellas es la señora María Eugenia Salcedo Torres, de 72 años, viuda y residente en Tuxtla. Fue estafada por el clan de Erik Romero Peimberth, Viviana Flores y Gustavo Flores. María Eugenia vendió su casa en la colonia Vista Hermosa de Tuxtla Gutiérrez para comprar un departamento que satisficiera sus necesidades, sin saber que caería en manos del cartel inmobiliario y perdería su hogar, su patrimonio, su dinero y el departamento de sus sueños.
“No la hubiera yo querido vender, pero era mucha casa para mí, tenía jardín atrás y adelante tenía 25 metros de fondo, no todo construido, pero sí bien, tenía una cocina amplia, mis cuartos baños, un patio grande atrás para poner lavadora, secadora, todo, pero yo quería ya vivir en un sólo piso, futureando de las escaleras y vi los renders y me encantó, iba a tener elevador, iba a haber como recepción para que me avisaran, no subían si no me avisaban, entonces eso me daba mucha seguridad”, relata María Eugenia Salcedo Torres.
Este es uno de los muchos casos que hemos conocido a lo largo de esta investigación. El fraude de doña María Eugenia tiene aproximadamente siete años sin alcanzar la justicia y a lo largo de estos años la preocupación, el estrés y la culpa le han desencadenado una serie de problemas de salud, de lo más preocupante un evento cardiovascular en su ojo derecho, pero además ella ya no puede subir escaleras, sin embargo, al quedarse sin patrimonio y sin hogar, hoy tiene que vivir en un segundo piso, lo que implica que todos los días debe subir escaleras, situación que compromete aún más su salud.
A lo largo de estos siete años desde que comenzó su pesadilla, doña María Eugenia ha tenido que recurrir a la ayuda de distintas amistades para no quedar en situación de calle. Hoy tiene donde vivir gracias a la ayuda justamente de una amiga que le permite permanecer en un departamento que se ubica en la zona norte poniente de la capital.
“Gracias a Dios por las amigas que tengo. Viví con una amiga que me decía que solo comprara mi desayuno y cena, y que tenía casa y comida. No fue fácil, porque no estaba acostumbrada a eso. Estoy agradecida por esas amistades, pero ahora tengo que pagar renta y a veces no tengo para mis medicamentos. El seguro ha dejado de proporcionar medicamentos o no hay disponibles. Los medicamentos controlados que necesito son caros, algunos cuestan más de 900 pesos. Quiero que paguen y que se haga justicia. No solo quiero que me paguen mi dinero, ellos no podrán restaurar lo que me he enfermado debido al estrés”, agrega la señora.
Hemos conocido los rostros y voces de algunas de las víctimas del cartel inmobiliario quienes durante años han buscado justicia en cada uno de sus casos sin que hasta el momento la encuentren, por el contrario los integrantes de este grupo delictivo siempre salen bien librados, siempre encuentran la manera de burlar la ley, de no asistir a las audiencias a las que son llamados, es decir; de no pisar la cárcel para pagar por sus estafas, todo gracias a la ayuda de personajes involucrados en toda una mafia que trasciende a que autoridades también operen en contubernio con ellos.
El 12 de abril podría haber marcado un hito en la búsqueda de justicia, ya que uno de los principales operadores del cartel inmobiliario, Erik Romero Peimberth, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado en relación con una de las múltiples investigaciones en su contra. Sin embargo, lamentablemente, gracias a sus contactos y protección, logró obtener un amparo que le permitió recobrar su libertad. Este amparo fue otorgado por el Poder Judicial del Estado, cuya negligencia ha obstaculizado los procesos y ha contribuido, como menciona el Presidente de la República, a proteger a estos delincuentes de cuello blanco.
Es desafortunado que las autoridades encargadas de procurar justicia estén involucradas en esta situación. Por ejemplo, la secretaria general de gobierno, Cecilia Flores, quien, debido a su parentesco con Viviana y Gustavo Flores, está implicada en su protección. Gracias a estas influencias, el cartel inmobiliario asegura contar con los contactos necesarios en varias dependencias para continuar sus fraudes y evitar el castigo merecido.
Aunque los años han pasado, las víctimas mantienen la esperanza de que las nuevas autoridades eventualmente logren alcanzar la justicia y recuperar al menos una parte de lo perdido. Desafortunadamente, hay quienes ya no tendrán esta oportunidad. Algunos han perdido la vida en el camino y no pudieron ver la luz de la justicia.
Este fue el caso de doña Guillermina Flores López, quien falleció en 2018 con la angustia de saberse estafada por el cartel inmobiliario. Estos individuos le arrebataron 3.6 hectáreas de terreno donde actualmente se encuentra construido el fraccionamiento Ámbar.
La pesadilla para esta familia comenzó en 2011 y, aunque han pasado 13 años, hoy en día, su hija Rosy continúa luchando en nombre de doña Guillermina para recuperar el patrimonio que les fue robado, el cual representaba el fruto del trabajo de toda una vida.
Las mujeres que conocimos en esta investigación son indefensas, por eso Diario Media Group se solidariza con ellas, pide justicia para quienes aún están en pie de lucha, pues doña Guillermina murió sin encontrarla.
