- Víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán, Aldama y Nueva Palestina acusaron que no fueron convocados a la consulta y proceso de actualización de las leyes
Janet Hernández / SCLC
Víctimas de desplazamiento forzado interno, pertenecientes a los pueblos originarios mayas tsotsiles de Chalchihuitán, Aldama y Nueva Palestina del municipio de Ocosingo Chiapas, denunciaron una consulta simulada por parte del gobierno, ya que no fueron convocados como directos titulares de este derecho a la consulta y proceso de actualización de las leyes sobre desplazamiento, para mejor protección de sus derechos humanos.
En conferencia de prensa, realizada en San Cristóbal de Las Casas, indicaron que los días 19 y 20 de febrero de 2024, el Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno, llevó a cabo una reunión en las instalaciones del CEDECO en San Cristóbal de Las Casas, en donde estuvieron presentes representantes del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Protección Civil y Organismos de Derechos Humanos.
Así también la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIR), con el objetivo de escuchar las perspectivas de las personas desplazadas internas, academia, personas defensoras de Derechos Humanos e integrantes de la sociedad civil, sobre los retos y las áreas de oportunidad para la atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas, con el fin de que sus insumos puedan incorporarse al fortalecimiento de los instrumentos existentes.
Agregaron que la convocatoria se realizó en el marco de la iniciativa de Reforma de Ley que realiza el Consejo Estatal para la Atención Integral del desplazamiento Interno en Coordinación con ACNUR y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH.
Aseguraron que el Estado y los Organismos de Derechos Humanos mencionados, tienen conocimiento pleno de su condición de desplazados forzados internos, pues existen en los tres casos: Recomendación No. 87/2018 de la CNDH en favor de Chalchihuitán; Recomendación No. 001/2019 de la CEDH en favor de Aldama y Recomendación No. 57/ 2023, emitida por la CEDH y el caso de Nueva Palestina.
Así como de las medidas cautelares de la CIDH número 284-18, para Aldama y la No. 882-17 para Chalchihuitán y Chenalhó. “El Estado entonces conoce los nombres y datos de nuestros representantes y acompañantes con quienes ha tenido relación por estos hechos, durante ya largo tiempo. Sin embargo, como desplazados Forzados internos no fuimos convocados”.
Expresaron que es claro que el Estado y las instituciones que integran el Consejo Estatal de Atención Integral al desplazamiento interno, insisten en invisibilizarlos, discriminarlos y excluirlos de las decisiones en las que son sujetos de derecho, es decir, “en violar nuestros derechos humanos y a revictimizamos sistemáticamente”.
Por lo que exigieron participación abierta, clara y transparente como lo señalan las leyes nacionales e internacionales en la consulta con consentimiento previo, libre e informado para reformar la ley de desplazamiento Forzado Interno, y el diseño de su reglamento en Chiapas.
Respeto a su personalidad jurídica y a sus representaciones nombradas por ellos mismos. Que el Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno sesione públicamente y no en secreto como hasta ahora, para que dé respuesta a sus necesidades y demandas como población desplazada.
Que el estado investigue y castique a los responsables de los múltiples delitos que acompañan el Desplazamiento Forzado Interno en la entidad. Reparación integral de los daños en todos los casos, incluyendo la reubicación territorial urgente en el caso de Nueva Palestina. Libertad inmediata al defensor de derechos humanos Versaín Velasco García, sentenciado injustamente. Aparición con vida de Fredi Gómez Santiz, desarticulación y castigo a los grupos paramilitares responsables de los desplazamientos.
