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Propondrán penalizar abusos de comerciantes

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

El Congreso del Estado trabaja en una iniciativa para sancionar con cárcel a quienes lucran con la necesidad de la población en escenarios como el de la pandemia del Covid-19, dieron a conocer diputados locales.

Detallaron que lo que se busca es castigar penalmente a quienes incrementen los precios de medicamentos e insumos en temporadas de pandemia, así como a quienes incurran en el acaparamiento de los mismos con el objetivo de obtener mayores ganancias.

Los diputados Ana Laura Ramos Basurto, María Elena Villatoro Culebro y Fidel Álvarez Toledo, coincidieron en señalar que es totalmente inhumano e inaceptable la postura que asumieron las empresas farmacéuticas en Chiapas en el escenario del Covid-19 y que por ello se ha tomado esta determinación de castigar severamente este tipo de situaciones.

Durante la transmisión del programa “Z Digital” que conduce Carlos Z Cadena, dejaron en claro que hasta este momento no hay una sanción punitiva para quienes abusan y lucran con el dolor de la gente.

Los legisladores coincidieron en reconocer el esfuerzo que hizo la Profeco y que si bien sancionó algunos comercios, en cuestión de poco tiempo éstos volvieron a sus mismas prácticas de abuso y que por ello se toman la determinación de impulsar esta iniciativa de ley.

En este contexto, los representantes populares señalaron de inhumano el actuar de las empresas farmacéuticas al lucrar con el dolor de las personas y en atravesar una situación doblemente desesperante. Primero para curar la salud de sus pacientes y segundo quedaron con grandes deudas económicas ya que tuvieron que invertir en la salud de sus familiares.

Es de destacar que la iniciativa que se presentará, se analizará y votará en el seno del Congreso local y tendrá como complemento especial, que la Procuraduría Federal del Consumidor ya podrá iniciar la investigación de oficio y de acuerdo con los resultados, tramitar el resultado de la misma para que sea la Fiscalía General del Estado la que se encargue de la consecuencia penal correspondiente por elevar los precios de los productos de la canasta básica o de los medicamentos.

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