Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Pobladores de Venustiano Carranza dejaron de sembrar en sus parcelas ante el hostigamiento e intimidación de los grupos paramilitares, situación que puede provocar una crisis económica y alimentaria en el municipio, alertaron las organizaciones involucradas.
La Organización Campesina Emiliano Zapata ‘Casa del Pueblo’ y Región Carranza denunciaron las agresiones que padecen los trabajadores de la tierra. Por la mañana se escuchan ráfagas de armas de alto poder a la altura del tramo carretero Tierra Blanca al Chipilinar.
Los ‘paramilitares’ de Paraíso Grijalva, simpatizantes de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, apuntan en dirección de las parcelas, el mismo modus operandi de otros municipios indígenas que también están en conflictos agrarios.
“Entendemos que los paramilitares continuarán con los asesinatos de nuestros compañeros en sus propios trabajaderos como lo han hecho en los años anteriores para quitarles sus parcelas y quedarse posesionados”, lamentó la Casa del Pueblo.
Por ahora es imposible trabajar las tierras como todos los años y considerando que es el último mes para sembrar el maíz, la situación traerá repercusiones como la falta de sustento para decenas de familias en el municipio.
“Ellos son los que han sembrado el terror, la inseguridad y amenazas. Esto es ellos, los paramilitares llaman paz”, enfatizaron y luego recordaron que la Alianza insiste en la edificación de un cuartel de las Guardia Nacional en los terrenos comunales, lo que levanta más sospechas sobre la invasión y vigilancia de tierras que tienen en marcha los grupos armados en la región.
“Denunciamos constantes amenazas de la banda de ‘Los pelones’ (Coyotes), encabezada por los jefes de la delincuencia organizada Alejandro Cruz Ruiz y el narco político Jesús Orantes Ruiz donde mencionaron que van a hacer levantones y asesinar a los compañeros de la López Hernández entre otros miembros de la OCEZ Región Carranza”.
Con esto, pretenden poner sobre aviso y prevenir a las autoridades por lo que pueda acontecer en Carranza. Además, hicieron un llamado urgente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas para su intervención.
Hicieron responsables a los tres niveles de gobierno por proteger y dar privilegios al grupo paramilitar, al tiempo que lamentaron la guerra mediática donde los líderes de la Alianza utilizan a las mujeres, menores y ancianos para eximirse de los asesinatos y para criminalizar a la OCEZ.
Dijeron que la entrega de vehículos fue una simulación, pues los integrantes de la Alianza los regresaron desvalijados.
