A. Marroquín/ Diario de Chiapas
Mientras unos los buscan con desesperación otros abandonan a sus mascotas como si fueran desechos.
Tuxtla Gutiérrez se ha transformado en una ciudad que registra datos alarmantes en cuanto al abandono y maltrato animal; problema social que ha crecido durante los últimos meses de 2021.
Alfredo Ruiz Coutiño, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Tuxtla Gutiérrez, indica que esta situación se ha desencadenado en la capital chiapaneca, donde se estima que por cada cinco ciudadanos se encuentra un perro en situación de calle.
“Un dato que nos proporciona la Coordinación Estatal de Zoonosis es que por cada 5 ciudadanos que habitan en el municipio de Tuxtla, se encuentra un perro en situación de calle”, dijo.
Lo anterior se traduce a que se encuentran más de 120 mil caninos en esta situación, al existir 604 mil 147 tuxtlecos.
El maltrato animal, expone el funcionario, va más allá de ejercer violencia física en contra de un perro, sino que es también el mantenerlo amarrado en las azoteas, bajo el sol y la lluvia o en este caso abandonarlo.
Un ejemplo de ello es de un perro que fue abandonado en la góndola de una camioneta en la colonia Obrera de Tuxtla Gutiérrez, quien después de cuidar la propiedad de sus dueños, éstos lo dejaron a su suerte porque se tuvieron que cambiar de domicilio.
Así lo confirmaron sus propietarios, que el abandono fue intencional en la espera de que alguien quisiera llevárselo, dejando al canino sin agua ni comida y bajo el sol.
En este sentido, Ruiz Coutiño exhortó a la población a reportar el maltrato y abandono animal, esto para que se sancionen a las personas que no están cumpliendo con su obligación tras adquirir a un perro.
“Pueden hacer el reporte vía telefónica al 61 2 55 11 extensión 2226 de manera presencial a las oficinas de Riesgos Sanitarios. Amonestación, convenio… o sanción económica y hasta 36 horas de arresto”, explicó.
Cabe recordar que las sanciones económicas pueden llegar a los 5 mil pesos y las debidas faltas administrativas y prohibiciones que las mismas autoridades implementen al o a la agresora
