Ejidatarios, pobladores y autoridades ejidales de Altamirano, se manifestaron denunciando amenazas y hostigamientos sufridos por parte del Movimiento 14 de Agosto y del síndico concejal, Fernando Gabriel Montoya.
Soydi Rodríguez / Altamirano
Como ya lo habían acordado en diferentes reuniones, ejidatarios, pobladores y autoridades ejidales de las seis zonas, así como rancherías y representantes de los 11 Barrios del municipio de Altamirano, se manifestaron por haber sufrido amenazas y hostigamientos por parte del Movimiento 14 de Agosto y de Fernando Gabriel Montoya Oseguera, síndico concejal.
Este lunes 24 de julio, un grupo de representantes asistió al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado para pedir que sean ellos quienes puedan realizar la destitución del síndico concejal. A través de un documento, informaron que durante el famoso Movimiento 14 de Agosto, el funcionario prometió al pueblo desarrollo social, salud, educación, trabajo y justicia, pero hasta la fecha no ha cumplido con ninguno de los acuerdos y promesas, imponiendo a un grupo de autodefensas armados y al movimiento social 14 de Agosto para ejecutar la represión, tortura y violación de los derechos humanos en contra de los habitantes.
Los afectados señalaron que han sido pacientes y abiertos al diálogo, pero el actual síndico concejal no ha puesto de su parte para atender los reclamos de la sociedad. Actualmente, los 11 barrios de la cabecera municipal, comunidades y rancherías, no han autorizado la liberación de recursos del programa federal Copladem, pues todo indica que el recurso ha sido utilizado para su campaña, haciendo proselitismo con recursos del pueblo.
Ante esta situación, y debido al terror que ha causado el movimiento 14 de agosto, quienes levantan a cualquier persona que se oponga a los mandatos del Concejo, solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para que desmantele el grupo de autodefensas y el movimiento social que fue creado por Gabriel Montoya Oseguera. También solicitaron la presencia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para que proceda en el desarme de las autodefensas que están armados en la cabecera municipal de Altamirano.
También pidieron que se levanten los puestos de retenes que mantiene la Policía Municipal sobre la carretera estatal salida Altamirano-Ocosingo y salida Altamirano-Comitán, ya que el pueblo y los turistas que pasan por este tramo carretero son violentados y despojados de sus pertenencias, y los elementos policiacos de manera prepotente gritan y amenazan a todos aquellos que no quieran ser revisados.
Exigen que antes de realizar cualquier movimiento, se haga una auditoría para conocer a dónde se fue el recurso de Copladem y que caiga todo el peso de la ley sobre aquellas personas que estén involucradas en el lavado de dinero, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito a través de la compra de ranchos. Es bien sabido que ahora los integrantes del Concejo han adquirido ranchos, casas y placas de taxis concesionados en la ciudad de Palenque, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
Estos documentos fueron entregados a la Secretaría General de Gobierno y ahora esperan una pronta respuesta, ya que el Concejo Municipal tomará venganza en contra de las personas que asistieron este lunes a reclamar justicia. Mencionaron que en caso de hacer caso omiso, culparán al gobierno del estado por no tomar cartas en el asunto y poner orden en Altamirano.
