Otra vez, paran labores en Tapachula por el supuesto atentado contra un chofer de parte de un extorsionador
José Cancino / Tapachula
Transportistas de rutas foráneas en la frontera sur suspendieron el servicio por tercera vez en menos de tres meses, debido a un supuesto intento de extorsión por parte de delincuentes que en las últimas horas amagaron a un chofer.
Según el testimonio del afectado, que reservó su identidad, realizaba el traslado de pasajeros de Tapachula a Cacahoatán a bordo de un colectivo de la cooperativa Unión y Progreso, pero al llegar al destino final un pasajero no descendía, por lo que al cuestionarlo éste sacó una pistola con la que lo amenazó de muerte.
Según el relato del agraviado, el desconocido le entregó un teléfono celular a través del cual tendrían comunicación para cobrar las cuotas semanales, después descendió de la unidad y se dio a la fuga con ruta desconocida.
Tras reportar el incidente con sus compañeros, los choferes de dicha cooperativa decidieron suspender el servicio de transporte y parar en la terminal de corto recorridos de Tapachula, así como en sus respectivas bases en Tuxtla Chico y Cacahoatán, a donde viajan estas combis.
Hasta entonces, los agremiados a dicha asociación no han anunciado si el paro continuará o reanudarán actividades paulatinamente.
El pasado 14 de diciembre, los integrantes del transporte público en su modalidad de Urvan, pararon labores y bloquearon la carretera internacional Tapachula – Talismán, el acceso a Cacahoatán y la entrada principal a Tapachula, para presionar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y dar con los responsables del ataque a mano armada en contra de un chofer.
En respuesta, las autoridades dieron con tres presuntos extorsionadores que operaban desde Cacahoatán y del lado guatemalteco.
YA HAY COBROS
Según el relato de algunos transportistas pertenecientes a otras cooperativas, decenas de ellos ya pagan extorsión a delincuentes que no han sido identificados.
Incluso, hablaron de los 500 a 700 pesos por semana que tienen que desembolsar para que los dejen trabajar en paz.
“Esto las autoridades lo saben, conocen que estamos pagando ese famoso derecho de piso, el cual a veces nos deja sin el sustento para nuestras familias porque primero tenemos que sacar la cuenta de los patrones y después pagarles a esas personas que nos amenazan”, narró uno de los choferes.
Mientras tanto, dependencias policiales están tras el rastro de estos extorsionadores, que a decir de uno de los trabajadores en la terminal de corto recorrido, si atrapan a tres rápidamente se proliferan muchos más que se dedican a este tipo de extorsiones.
Las autoridades federales también siguen el rastro de posibles estafadores que operen desde territorio guatemalteco, que sin problema alguno cruzan hacia municipios de Chiapas a cometer estos delitos.
