Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
En las últimas décadas, la Selva Lacandona ha sido víctima de saqueos que amenazan constantemente la vida, las condiciones climáticas y arroyos que tenían agua durante todo el año, ahora se secan en temporadas.
Para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas los principales problemas que enfrenta la zona son el cambio de uso de suelo para sembrar maíz o frijol, y la tala de árboles de cedro y caoba.
Las ANP’s están rodeadas de personas, zonas agrícolas, agroindustriales, potreros y carreteras, explicó Adrián Méndez Barrera, Director regional de proyectos en Conanp. Aunque existe presión al interior de las áreas, al exterior es la situación preocupante, pues “la gente ya se acabó sus recursos”.
Para la Conanp es una dificultad que existe en todas las áreas naturales protegidas, pero cada vez es más visible. “El deterioro llegó a tal grado que se está quedando sin agua, sin suelo”, y no hay regulación climática.
“En el caso de la selva lacandona hemos tenido incursiones desde Guatemala para extracción de madera y palma. Solo nos divide el río Usumacinta”.
Los ilícitos mayores que se comenten al interior de la selva son el cambio de uso de suelo para la siembra, la extracción de madera, de palma camedor y guacamayas en la Reserva de Biosfera Montes Azules. “Palma camedor solo hay en la selva y siguen vendiéndola”.
La reserva de la biosfera tiene una presión importante por los desmontes en varias zonas para siembras. Tan solo en el 2020 fueron 11 denuncias por tala, desmonte y cambio de uso de suelo.
El biólogo explicó que el suelo no sostiene una producción para monocultivos o ganado, entonces se empobrece la tierra y se da lo que llaman “milpa que camina”.
Los cambios reducirían los impactos en la Selva Lacandona, alienta la Conanp: como agricultura tradicional por una agricultura más adecuada, ganadería de bajo impacto, maíz criollo que no use insecticida o aumentar la demanda de productos que sean sustentables.
Aunado a la educación y cultura ambiental y cultura, además de reordenamiento con las comunidades. En este sentido, la Comisión busca darles un manejo que les permita la conservación y el desarrollo sustentable.
Por ahora, la selva es vigilada por 161 brigadas comunitarias y la participación de mil 500 personas, particularmente en Montes Azules, que reportan los ilícitos para hacer la denuncia correspondiente ante Profepa y la Fiscalía General de la República.
Para Adrián Méndez la situación continuará mientras la sociedad siga demandando los productos, por ejemplo, la madera ilegal a bajo costo que se comercia en los altos de Chiapas.
