Se avecina una tempestad
Los dos recientes hechos registrados en los últimos tres días, donde los protagonistas son los normalistas de Ayotzinapa, pondrán a la defensiva a los estados donde tiene presencia de “filiales”, como es el caso de Chiapas, donde los jóvenes de la Normal Rural Mactumactzá, seguramente harán sus apariciones públicas para demandar justicia, y de paso, “si las condiciones lo permiten”, realizar algunos desmanes, que ojalá no termine en una de esas, en tragedia.
No se dice por alarmista, al contrario, porque viendo las condiciones delicadas en que se encuentra el asunto de los estudiantes de Guerrero y de paso con los de Tuxtla Gutiérrez, las acciones beligerantes pueden resurgir bajo el pretexto de abusos de poder o el no cumplimiento a las demandas estudiantiles.
El miércoles, durante la mañanera en Palacio Nacional, un grupo de jóvenes de Ayotzinapa, robaron o “tomaron prestado” una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que pasaba por la zona, con la cual derribaron uno de los portones principales, de madera, que da paso hacia el interior de este inmueble que utiliza el Ejecutivo como su oficina y su casa para descansar.
El hecho hizo eco en los reflectores de los medios de comunicación que reseñaron el momento. Las declaraciones de uno y otro bando se centraron en el caso de los 43 normalistas desaparecidos y que hoy en día, ninguna autoridad, ni la de Enrique Peña Nieto ni de la actual administración, han podido dar con el paradero con los cuerpos de los infortunados jóvenes.
La negativa de recibir a una comisión de estudiantes y de padres de familia de Ayotzinapa para evaluar los avances de las investigaciones, detonó el ambiente hostil, que le ha traído momios negativos al presidente de México.
Sin embargo, lo peor que le puede pasar a este gobierno, a siete meses de dejar el poder, es que un nuevo episodio de violencia, donde fue asesinado un joven normalista proveniente de Tixtla, Guerrero, a manos de la policía de aquella entidad, ha puesto las cosas al rojo vivo, por lo que se espera que las reacciones se intensifiquen en las próximas horas, si no es que al momento de estar leyendo estas líneas, la violencia se haya desbordado en Guerrero, la Ciudad de México y otras ciudades donde existen escuelas normales.
Sobre el deceso del normalista, la autoridad judicial de Guerrero pierde su tiempo justificando la acción de sus elementos policiacos al decir que los estudiantes que pasaron un retén “de carros robados”, fueron estos los que agredieron a los agentes. La declaración del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, en el sentido de que el “asesinato del estudiante se dio tras una agresión de los normalistas contra los agentes”, es muy aventurera y hasta peligrosa, debido a que no existen testimoniales ni videos que comprueben sus dichos.
Cierto o no que la unidad en que viajaban los jóvenes tenía reporte de robo, no justifica que la policía disparara contra la anatomía del joven, quien pereció en el lugar. La realidad puede ser distinta o cierta, pero en estos momentos la política raciocinio es primero investigar y después aplicar la ley. El acompañante resultó herido y es acá donde la autoridad debería garantizar su vida, por ser la pieza clave de las investigaciones
A horas del suceso, los disturbios en Guerrero, por cierto, donde priva la ingobernabilidad y la incapacidad para sacar adelante a dicha entidad que fue azotada por un ciclón a meses de que concluyera el 2023, se intensificaron. La quema de una unidad de la policía fue el inicio de lo que podría ser la llegada de una tempestad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, más ecuánime en estos menesteres, dijo que las primeras versiones de los hechos tienen que corroborarse y por ello pidió que la Fiscalía General (de la República) “atraiga el caso y se investigue y se dé a conocer cómo se dieron los hechos para evitar especulaciones. No fue un choque entre policías y manifestantes. Fue un caso diferente”, precisó.
Lo que realmente preocupa es que ahora en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tendrán una razón poderosa para volver a salir a las calles a protestar y exigir justicia, que, por cierto, en este último caso están en todo su derecho.
Nadie en su sano juicio permitiría que una violenta intervención policiaca en un caso rutinario, se convierta en el inicio de acciones que conduzcan a la ingobernabilidad o la contención de las manifestaciones que terminen en arrebatos, pues justo ello es lo que no se debe permitir.
Una difícil tarea donde el diálogo debe ser la principal arma para solucionar las diferencias, atajar injurias o paradas malintencionadas, de uno u otro lado. Deseamos que la justicia sea la que reine es este conflicto, y donde, con sinceridad, se lamenta la muerte del joven normalista.
