Jeny Pascacio/Diario de Chiapas
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exigió la liberación inmediata de cinco indígenas presos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 y 10; para ello pidieron la atención del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Se trata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, que fueron privados de la libertad de manera arbitraria, además de víctimas de tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta de resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia.
A decir del Grupo de Trabajado, estos casos requieren investigación exhaustiva e independiente de los hechos y castigo a los responsables de la violación de sus derechos. “Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado”.
A 40 días de su notificación, reclaman al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión número 43/2021; además de la reparación integral del daño que se les causaron, así como a sus familiares.
El Grupo de Trabajo precisó, también, sobre la implementación de una mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas compuesta por el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas; el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; y la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado, Isela de Jesús Martínez Flores.
“Ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado aun sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos cometidos a los presos indígenas”.
En rueda de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los familiares de los presos externaron su preocupación frente a las graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19.
“En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones”.
De hecho, el 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los CERSS número 5 de San Cristóbal de Las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y libertad. Pero el Estado mexicano permaneció indiferente.
“Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan. Las sentencias por parte de jueces no han tomado en consideración las graves violaciones a derechos humanos como la tortura”.
