Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Los niños, niñas y adolescentes están viviendo esta pandemia en un periodo crucial de sus vidas, en donde las actividades para su desarrollo se han visto interrumpidas. En muchos casos sus padres han perdido sus fuentes de ingresos económicos y, además están preocupados sobre el contagio propio o de algún familiar y las pérdidas fatales.
En este contexto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), de la que forma parte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), exhortó a que las autoridades de los tres niveles realicen una estrategia coordinada que garantice el derecho a la salud, desde el enfoque integral que comprende el bienestar físico, mental y social, de este importante sector de la población.
Especialmente, hicieron un llamado a que atiendan aspectos como la preservación de los servicios de salud, con un fortalecimiento en la atención médica emergente relacionada al COVID-19, y que se adopten las medidas necesarias, hasta el máximo de recursos disponibles, para garantizar el derecho a la salud en ese grupo de atención prioritaria en desarrollo, especialmente en el posible regreso a clases la próxima semana.
Los organismos que integran la Federación señalaron que no se deben abandonar las enfermedades no transmisibles, tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, así como la garantía del esquema básico de vacunación universal.
En México, hay 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8 por ciento del total de las personas en el país. Este tercio de la población, que se encuentra en etapas cruciales de su desarrollo, ha tenido que enfrentarse a las medidas de confinamiento y cancelación de sus actividades principales.
Lo anterior guarda una correlación con la reducción en la cantidad y la calidad de las interacciones con sus cuidadores principales, de quienes deberían recibir contención, apoyo y guía para implementar herramientas emocionales, lo que contribuye, a su vez, a generar condiciones adversas para su desarrollo.
Los impactos del COVID-19 en ese grupo etario, señalaron, pueden también valorarse a la luz de otros aspectos relevantes para la salud pública como son el aumento en la tasa de suicidio y la violencia familiar.
Además, el Consejo Nacional de Población (Conapo) ha señalado que el confinamiento provocó un aumento del 20 por ciento en la falta de anticonceptivos para mujeres adolescentes, lo cual trajo como consecuencia 21 mil 575 embarazos en adolescentes entre el año 2020 y 2021.
