Marco Alvarado/Diario de Chiapas
La legisladora local indígena, Cecilia López Sánchez, exigió un alto a la violencia digital que padecen miles de mujeres en los pueblos originarios, que son exhibidas en su intimidad y expuestas al menosprecio de su persona
Además, señaló que a la discriminación por su origen, en las comunidades indígenas está aumentando la violencia a través de aplicaciones y las redes sociales.
“Las fotografían y graban a beneficio de los actos machistas, la transición de nuestra cultura al uso de los medios digitales ha debilitado nuestra estructura comunitaria y la concepción misma de la legitimidad de nuestros usos y costumbres, que no están basados en el abuso hacia la mujer, sino en el respeto mutuo, en el diálogo, mediación y respeto como hermanos indígenas”.
Con estas palabras, la legisladora exhibió en tribuna un fenómeno que ha crecido en los municipios indígenas: la venta de “películas” pornográficas que muestran a jóvenes en su intimidad, grabadas sin permiso, y exhibidas en puestos ambulantes en mercados y tianguis, como sucede en San Cristóbal de Las Casas, material que también ofrecen para su libre descarga en internet.
López Sánchez también aclaró que estas conductas y otras en las que las mujeres son empleados como objetos de intercambio, no corresponden a los usos y costumbres de los pueblos originarios de Chiapas.
“Han usado los usos y costumbres para cometer actos de violencia contra las mujeres; tampoco los matrimonios forzados corresponden a nuestros usos y costumbres, y deben ser castigados”, destacó.
PENAS MÁS SEVERAS PARA FEMINICIDAS
En opinión de la legisladora local, Elizabeth Escobedo Morales, sería factible aumentar la pena de prisión por el delito de feminicidio, una propuesta que no descartó presentar al Pleno de la 68 Legislatura.
Al respecto, la también presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios, reconoció que la demanda de justicia por parte de los familiares de las víctimas de feminicidio debe ser atendida con leyes más severas.
“Recordemos que actualmente el Artículo 164 Bis del Código Penal local establece entre 45 y 65 años de cárcel para un feminicida, pero sería bueno analizar la posibilidad de aumentar este castigo, pero especialmente que sí estén cumpliendo con la ley”.
Destacó también que esta comisión esté integrada por un consejo consultivo que recoja el sentir de los ciudadanos y, especialmente, de las familias de las víctimas de feminicidio en el estado, cuya petición es clara: la justicia debe ser pronta en estos casos.
“La idea es que estén representadas las organizaciones de defensa, las familias y las autoridades que deben procurar la justicia, resultado de este consejo serán reuniones posteriores para verificar qué tratamiento dan a los casos, cuál es el rezago en la investigación y cómo agilizar el procedimiento”, destacó.
