Alejandro Moreno*
1. Nuestro actual sistema electoral garantiza respeto al voto, honradez, legalidad, pluralidad, competencia y certidumbre y está diseñado para evitar fraudes electorales. La ciudadanía reconoce en sus instituciones electorales profesionalismo, capacidad e institucionalidad, por lo que cualquier cambio debe enfocarse en su consolidación y perfeccionamiento. Nada justifica retrocesos ni poner en peligro el respeto a la voluntad popular.
2. A diferencia de todas las reformas electorales que han tenido lugar en nuestro país y que han sido producto del diálogo y entendimiento de la oposición con el gobierno, la iniciativa que se presentó el pasado 28 de abril en la Cámara de Diputados y que pretende reformar 18 artículos constitucionales surge unilateralmente desde el grupo en el poder; de ahí que no busque resolver problemas, sino cerrar el paso a la competencia electoral y evitar que la ciudadanía elija libre y confiadamente a sus representantes.
3. No existe coherencia entre la exposición de motivos y la propuesta de reforma, ya que se parte del noble objetivo de ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad, pero con los cambios propuestos se pretende violar la autonomía municipal, transgredir el pacto federal, asfixiar a los liderazgos locales, debilitar a los partidos políticos de oposición y aniquilar a las candidaturas independientes.
4. No existe democracia sin partidos políticos. Buscar eliminar el financiamiento público que ha permitido contar con un sistema de partidos razonablemente competitivo, escondiéndose tras argumentos de austeridad y exceso de gastos, constituye un grave peligro para el régimen democrático nacional y un fatal golpe para la pluralidad política.
5. Los actuales Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) constituyen una garantía técnica de legalidad e institucionalidad. Pretender sustituirlos por institutos políticos cuyos integrantes serían postulados por partidos políticos, que a su vez les prestarían sus estructuras para que hagan campaña y sean votados, representa la cooptación total de la autoridad electoral por parte de los jugadores, particularmente de los más grandes.
6. Implementar el voto electrónico en un contexto de falta de respeto a la legalidad por parte del grupo en el poder, que sistemáticamente busca hacerse de los datos biométricos de la sociedad y sustituir a las autoridades electorales imparciales por porristas incondicionales, es un peligro para el respeto y acatamiento de la voluntad del pueblo.
7. Si algo nos ha quedado claro en 4 años de des-gobierno es que austeridad no es sinónimo de ahorro y mucho menos de eficacia, sino de violación de derechos humanos, destrucción institucional y crisis social, efectos nocivos que esta iniciativa busca llevar al sistema electoral.
8. La iniciativa de reforma electoral planteada por el grupo en el poder representa la antítesis de los valores democráticos que han guiado la construcción del Estado de libertades, derechos y de frenos y contrapesos que evitan el abuso de poder y el atraso. Es útil para el Congreso de la Unión, pero para guiarse en lo que no debe de hacerse ni permitirse, pues llevaría a nuestro país a un régimen de corte dictatorial. No tengo duda.
*Presidente Nacional del PRI.
