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Alto Mando

Miguel Ángel Godínez García

Siempre he creído que vivimos en un país donde ocurren situaciones descabelladas o absurdas. Ocurrió esta vez en el Senado de la República, donde legisladores morenistas están por aprobar una ley que permitirá al presidente de la República actuar por encima de la ley. Quieren darle facultades para liberar, vía amnistía, a delincuentes que pueden ser desde narcotraficantes, secuestradores, violadores, huachicoleros, o simples carteristas.

Si bien, esta iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal aún no ha sido aprobada por el Pleno de las dos cámaras, la del Senado y la de Diputados, sí dio un primer paso en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, en la cámara alta, por lo que en los próximos días se pondrá a discusión y tiene amplias posibilidades de ser aprobada porque hay que recordar que Morena y sus partidos satélites hacen mayoría.

Lo preocupante de esta reforma, es que, en una situación de violencia como la que vive el país, la cual ha generado, tan solo en lo que va del sexenio, 183 mil muertes dolosas, 120 mil desaparecidos y 5 mil feminicidios, se pretende favorecer aún más a los delincuentes y disminuir los derechos de justicia de quienes han sido sus víctimas.

El narcotráfico se ha apoderado de una gran parte del territorio nacional y ha impuesto su ley frente a una ineficaz estrategia de seguridad basada en abrazos y no balazos, cuyos resultados, han sido al día de hoy, de acuerdo con especialistas, desastrosos.

Nuestras fuerzas armadas sufrirán también las consecuencias. ¿Les servirá de algo combatir a los grupos criminales y detener a objetivos generadores de violencia para luego ser liberados?  Decenas de soldados, guardias nacionales, y policías civiles han perdido la vida en el cumplimiento de su deber y podría haber sido en vano.

Uno de los argumentos de esa iniciativa es que, al existir un sistema de justicia corrompido, desde el MP hasta jueces y magistrados, es preferible que el presidente, investido de su calidad moral, pueda amnistiar a cualquier criminal. Con esta facultad, prácticamente el poder Judicial y las Fiscalías estarían de adorno.

Si bien la actuación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa no tiene ninguna justificación, pues violó de manera flagrante el derecho internacional y la soberanía de México al allanar su embajada con el argumento de que el vicepresidente Jorge Glas se refugiaba en ella y debía enfrentar un proceso por corrupción, también es necesario reconocer la responsabilidad del gobierno de México en este conflicto. Las declaraciones del presidente López Obrador sobre el proceso electoral ecuatoriano fue una intervención en sus asuntos internos. Más allá de ideologías o preferencias de izquierda o de derecha, es esencial recordar que nuestra política exterior se rige bajo el principio de la no intervención y por la máxima de Benito Juárez: «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». Esto nos debiera llevar a reflexionar que el problema diplomático, lejos de haber llegado a su fin, se puede empeorar. El gobierno de López Obrador quiere fuera de la ONU a Ecuador, lo mismo que del TLC con Sudamérica y solo negociará si hay una disculpa pública, pero Noboa no lo acepta.

De Imaginaria. El presidente informó en su mañanera sobre la detención del policía que presuntamente asesinó al normalista, Yanqui Kothan, fue realizada por el Ejército mexicano. Era obligación del MP, pero no la asumió, como tampoco lo hizo en la reconstruida investigación de los 43 normalistas desaparecidos. Ya no hay tiempo; el caso será un pendiente más en la lista.

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