Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
El caso Ayotzinapa se ha convertido en una espinosa cuestión para el presidente Andrés Manuel López Obrador, una problemática de múltiples aristas que podría convertirse en un polvorín. La violencia y la radicalidad con la que los estudiantes respondieron al asesinato de Yanki Kothan Gómez Peralta, uno de sus compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en manos de la policía de Guerrero, es innegable.
En los últimos días, al menos diez vehículos fueron incendiados, instalaciones gubernamentales fueron tomadas y elementos de la Guardia Nacional fueron secuestrados. El presidente no ha tenido respiro; las demandas de verdad y justicia persisten, ya que es un compromiso que él mismo asumió. La promesa de recuperar a los jóvenes con vida fue un argumento que utilizó durante su campaña presidencial ante los padres de los 43 desaparecidos.
Sin embargo, han transcurrido más de nueve años desde aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, y la realidad sigue siendo dolorosa. En lugar de resolver el enigma, se suma el asesinato de Yanki Kothan. Los policías de Guerrero interceptaron al estudiante y, sin mediar palabra, uno de los uniformados le disparó en la cabeza. Lo curioso es que el día anterior, Yanki había estado activamente involucrado en el derrumbe de la puerta de Palacio Nacional. ¿Mera coincidencia?
Como es habitual, el presidente López Obrador se apresuró a informar que los policías responsables del homicidio se habían dado a la fuga, contradiciendo así a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guerrero. Además, el gobierno estatal intentó ocultar el crimen al culpar a la víctima, alegando que estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Sin embargo, la autopsia demostró que el joven no había consumido ninguna sustancia y que los policías le dispararon directamente.
En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una encrucijada, tratando de contener la creciente indignación y la búsqueda de respuestas por parte de los familiares de los desaparecidos.
¿Qué sigue? En lo que resta del sexenio de López Obrador es casi improbable que se resuelva. El presidente ya no sabe cómo contener el desastre en el que se le ha convertido el caso. Alejandro Encinas en lugar de ayudarlo se dedicó a descomponer la investigación y es un hecho que no habrá luz.
¿La investigación continuará? Nadie lo sabe, porque ahora no tiene pies ni cabeza, pero Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, quien gane la presidencia, deberá cerrar de una vez por todas el caso, de lo contrario seguirá siendo un lastre para cualquiera de las dos.
Por lo pronto, la muerte de Yanqui tuvo sus primeras consecuencias. Fueron destituidos el Srio. Gral. de Gob. Ludwig Marcial Reynoso y el secretario de Seguridad Pública, Gral. Rolando Solano. Fue un error de la Sedena haber mandado a un militar de alto rango a hacerse cargo de la seguridad pública, donde no hay garantías ni ley, y donde el gobierno estatal está vinculado a los cárteles. Pese a todo, el Ejército no es indiferente a lo que sucede, pero tiene la orden de no participar; en el caso Ayotzinapa, sigue la indignación de los militares, han sido acusados sin pruebas y está demostrado que no tuvieron ninguna responsabilidad.
Ya es costumbre que Evelyn Salgado desaparezca de escena cuando hay un incidente grave. Y si el acto de escapismo de la gobernadora es ofensivo, lo que hace su padre, Félix Salgado, es todavía peor y patético. Guerrero está sometido por el hampa; para los extorsionadores es un paraíso. El estado se incendia, diario hay muertos, pero Salgado, baila y baila, grotescamente y se indigna cuando lo cuestionan. “Ustedes exageran, en Guerrero no pasa nada”, y sigue bailando.
De imaginaria. En la Sedena habrá mano dura para los militares que practiquen las novatadas porque están prohibidas. El Código de Justicia Militar prohíbe órdenes que sean contrarias a las leyes y reglamentos, o que lastimen la dignidad y decoro de sus inferiores o constituyan un delito.
