Roger Heli Díaz Guillén
El sector social campesino, indígena y afro mexicano que constituye y da vida al mundo agrario y rural de México se sustenta en la propiedad social y privada rural que ocupa más del 60% del territorio nacional y del estado de Chiapas, con una población multicultural donde la tierra se traduce en territorios y las leyes se expresan en normas comunitarias y costumbres jurídicas que esperan de una nueva relación con gobiernos basado en el respeto a marcos jurídicos formales y comunitarios; reconocimiento y fortalecimiento de derechos necesarios para aspirar a la libre determinación y autonomía de vida y desarrollo de los pueblos campesinos (ejidos y comunidades), indígena y afro mexicano (pueblos y comunidades) donde la metodología armónica de la vida comunitaria subyace en la vinculación de los órdenes natural, cultural, normativo comunitario y legal.
El gobierno federal a través de la Procuraduría Agraria que es la institución que tutela y facilita el ejercicio de los derechos agrarios en el mundo agrario y rural ha dado el paso en cuanto a la dirección del desarrollo y orden comunitario y ejidal en el agrarismo mexicano, al plantear en su programa nacional que fenece este 2024 que trabaja por el …Respeto a la propiedad social…para preservar la paz social…, coadyuvado con las comunidades y pueblos indígenas y afro mexicanos para la defensa de su territorio y para que se respete su libre determinación.
Para efecto de la organización como base para el desarrollo propone promover la democracia participativa, la cohesión y paz social…que afectan a los pueblos indígenas y afro mexicanos, y propiciar oportunidades de desarrollo sostenible. Propone promover la actualización de los padrones ejidales y comunales. e impulsar la elaboración e inscripción de reglamentos internos y estatutos comunales…disposiciones…para contribuir al aprovechamiento integral y sostenible de su territorio…, abonando sustantivamente al ejercicio del derecho agrario en la vida comunitaria, el promover el ejercicio y la protección de los derechos y sistemas normativos de los sujetos agrarios que habitan en pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas para la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.
Lo expuesto y ofertado por la institución de servicio social creada para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios debe traducirse en realidades impulsadas mediante acuerdos y trabajo en coordinación y unidad con la sociedad civil, ejidos y comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas en un Convenio Nacional por el orden comunitario y agrario de los EJIDOS y COMUNIDADES basado en el desarrollo agrario integral, sostenible e incluyente; en razón que el ejecutivo asume compromisos de trabajo en el mundo agrario vinculados al respeto a la propiedad social, atención a las comunidades y pueblos indígenas y afro mexicanos para la defensa de su territorio y para que se respete su libre determinación. Considera el desarrollo sostenible por encima de lo sustentable, destacando trabajar en el orden comunitario y territorial mediante la elaboración y actualización de reglamentos internos y estatutos comunales con perspectiva de desarrollo integral, inclusivo y sostenible del territorio, considerando el ejercicio y la protección de los derechos y sistemas normativos de los sujetos agrarios que habitan en pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas para la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.
Los objetivos sociales de gobierno a través de la Procuraduría Agraria son convergentes con el trabajo de organizaciones y sociedad científica honorables y presencia nacional e internacional vinculados en sus objetos sociales al mundo agrario y rural en áreas de la vida pública y derechos como cultura, medio ambiente, agrario, en las que destaca el ICOMOS. Comité Mexicano; Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades; Parlamento Nacional Indígena; Coordinadora Nacional de Organizaciones; COPASEO A.C, entre otras; con quienes gobierno, ejidos, comunidades y sociedad civil es posible construir contenidos, programas, metodologías y acuerdos de colaboración; siendo sugerente trabajar en una fase experimental en el estado de Veracruz para observar y evaluar el impacto y viabilidad de modelos de reglamentos internos ejidales para su instrumentación en los demás estados; en razón de la importancia de ser la entidad con mayor números de ejidos en México y mayor movilidad de sujetos de derecho ante las instituciones; donde es sustantivo NO identificar a los indígenas en los ejidos y comunidades agrarias, sino por el contrario, identificar los ejidos y comunidades en territorios de pueblos indígenas y afro mexicanos.
El ideal planteado invita a trabajar en el fortalecimiento del orden y norma de la vida comunitaria en el marco de la ordenanza y gobernanza de los pueblos campesinos ordenados como ejidos y comunidades, basado en la atención al desarrollo humano, organización y gestión. Es pensar es un mundo y contexto que se ordena como fuente del derecho mediante los usos y costumbres jurídicas que es verbal, actitudinal y generacional que debe amalgamarse con el derecho formal nacional, específicamente al derecho agrario a partir de una propuesta metodológica de intervención, participación y contenidos que considere la relación armónica de los órdenes natural, cultural, normativo comunitario y legal.
El desarrollo de los mundos que hablamos tiene una dirección subsecuente que va de lo particular a lo general: Desarrollo humano-Desarrollo familiar-Desarrollo Comunitario-Desarrollo agrario-Desarrollo rural; No podemos aspirar a un pueblo o comunidad prospera con ciudadanos no pensantes, desinformados y sin capacidad de decisiones. El mundo agrario es más que tierras, derechos agrarios y aprovechamiento económico; es en el imaginario colectivo de la vida diaria en el campo, territorio, pueblo o comunidad, orden natural, orden comunitario, orden cultural, espacios sagrados, y normativo basado en la costumbre jurídica antes de ser ejidos o comunidades.
Caminemos en unidad facilitando y aportando lo necesario para que el mundo agrario y rural se transforme con intervención social comunitaria e integralidad territorial de sus componentes natural y cultural para el desarrollo; en una relación armónica de los ordénenos comunitarios con la normas agrarias y derecho nacional e internacional sustentado en el reconocimiento de derechos públicos de pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas que deben reconocerse en el territorio social de México su existencia jurídica junto a ejidos y comunidades agrarias.
