Eduardo Ruiz-Healy
En su discurso del sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante su gobierno se acabó la corrupción.
Pero, ¿qué es para él la corrupción?
Lo dijo así en ese discurso: “no hay corrupción cuando no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos”, cuando “se combate el huachicol; no se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil; no se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias”, cuando gracias a la austeridad republicana “no se derrocha el presupuesto”, cuando “no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos… no hay pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado ni cajas de ahorro especial ni viáticos ni turismo político al extranjero…”.
Sin embargo, para Transparencia Internacional (TI), la prestigiada organización no gubernamental alemana que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política, la corrupción es “el abuso del poder para obtener beneficios privados, lo cual finalmente perjudica a todos aquellos que dependen de la integridad de las personas en posiciones de autoridad”, en otras palabras, el hecho de que un funcionario actúe para beneficiarse económicamente.
Un ejemplo de la corrupción en el gobierno de AMLO es lo que ocurrió en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), en donde sus altos funcionarios realizaron un fraude cuyo daño al erario asciende a los 9 500 millones de pesos, aunque podría ser de hasta 15 000 millones.
Cada año, en el Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora TI, México obtiene pésimas calificaciones.
Y también es pésima calificación que nuestro país obtuvo en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 difundido hace unos días y elaborado por el Americas Society/Council of the Americas, un foro dedicado a la educación, al debate y al diálogo en América, y Control Risks, una empresa global de consultoría especializada en riesgos.
El CCC no mide el nivel de corrupción de los 15 países latinoamericanos evaluados, como sí lo hace el IPC, sino que mide la capacidad de cada país para combatir la corrupción con eficacia.
El Índice CCC “examina 14 variables clave, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco y se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta realizada entre expertos en anticorrupción, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado”.
De acuerdo con el análisis realizado, a cada país se le asigna una calificación de 0 a 10. Mientras más alta, mejor capacidad tiene dicho país para combatir la corrupción con eficacia.
Así quedaron en el CCC: Uruguay (6.99 de 10), Costa Rica (6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83) , Colombia (4.78) , Ecuador (4.68) , Paraguay (4.61) , México (3.87) , Guatemala (2.86), Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46)
En México, pese a lo que diga Andrés Manuel, hay mucha corrupción y poco se hace para combatirla.
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