Francisco Báez Rodríguez
En política suele haber varias horas cero. En la política mexicana estamos llegando a una de ellas, con la votación en el Senado del llamado Plan B: las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, con las que el gobierno y Morena pretenden ahorcar al INE y poner en riesgo la existencia de procesos electorales libres e imparciales.
El primer tramo de recorrido para la aprobación de estas reformas se ha caracterizado por el desprecio al proceso legislativo. No discutir ni analizar, no dejar a la oposición expresar sus puntos de vista, pasar sin ver, integrar peticiones de los aliados como si fuera carta a Santa Claus, y hacerse de la vista gorda con el quórum en comisiones.
De este desaseo ya se dieron cuenta en el Senado y en el propio gobierno, al grado que éste acepta que va a tener que hacer cambios allí donde la violación a la Constitución es flagrante (entre otras cosas, los intentos de ayudar tramposamente al Verde y al PT). Pero igualmente, se dará el intento de hacer pasar otras violaciones.
El senador Ricardo Monreal dio cuenta de 21 “bloques de inconstitucionalidades” en la iniciativa aprobada por los diputados. Señalaré sólo las más importantes a mi juicio.
Una es la limitación material y temporal de las facultades del INE y del TEPJF. Está dirigida a evitar que ciertos candidatos sean bajados por distintas causas (campañas anticipadas, es la principal, pero no la única) y que no se pueda sancionar a infractores de la Constitución y de la legislación electoral. La idea es que no vuelva a suceder lo que le pasó a Félix Salgado Macedonio, que los precandidatos puedan hacer campaña continua, aun cuando sean funcionarios públicos. Es la puerta abierta al viejo estilo priista de hacer las cosas, con el poder del Estado al servicio de un partido.
Otra, la eliminación de las 300 juntas distritales, para sustituirlas con órganos auxiliares temporales, así como la reformulación del procedimiento para nombrar funcionarios de casilla. La redacción parece confusa, pero no lo es: la idea es que estos órganos auxiliares los designen directamente. Cuando eso sucedía, hace más de tres décadas, el resultado era una extraña abundancia de casillas-zapato a favor del partido en el poder.
Una más son la destitución del actual secretario ejecutivo del INE y la confirmación del titular de la Unidad de Control, que violan claramente la autonomía del Instituto. Hay todo un manoseo sobre la estructura, con una propuesta de diseño institucional que echa por la borda la experiencia de miles de servidores públicos de carrera (en la esperanza de sustituirlos por otros, donde lo que importe sean las afinidades políticas).
A las enormes piedras presupuestales que le han puesto en el camino al INE, se agregan piedras estructurales, para que no pueda cumplir con sus funciones de la manera atingente como lo ha hecho hasta ahora. Para que un grupo político medre en esa debilidad. Se generan, con dos años de antelación, condiciones para que el próximo proceso electoral federal sea ríspido e impugnado. La marca de la casa. Y también el deseo del Presidente.
Si el senador Monreal ha señalado las inconsistencias constitucionales, es de esperarse, por mera congruencia, que por lo menos vote en contra de esos artículos, aunque lo lógico sería que lo hiciera contra la ley en general. Eso implicaría, en la práctica, una quema de naves rumbo a la candidatura presidencial por Morena y su salida del partido. Ya se sabe que para ganar la encuesta (para ser la “corcholata destapada”) lo que hay que hacer es intentar complacer al Primer Entrevistado de esa encuesta, el presidente López Obrador, y Monreal, para decirlo con el lenguaje de AMLO, no se está portando bien.
Falta saber, en esa próxima hora cero, que actitud tendrá Monreal al final, si será acompañado por senadores de las bancadas gobiernistas, y por cuantos. Necesita a 11 más, y que ninguno del bloque opositor se eche para atrás o se enferme intempestivamente.
López Obrador no pudo hacer pasar una reforma constitucional que hubiera desfigurado totalmente el sistema electoral mexicano, y le hubiera entregado, en los hechos, el control centralizado al gobierno. Eso no está en juego ahora, pero sí la capacidad de organizar unos comicios bien fiscalizados, sin darle la mano ancha a las autoridades para utilizar tiempos y recursos públicos. Persiste el peligro de volver a los procesos electorales inequitativos que caracterizaron el siglo XX mexicano. Y, por lo menos -porque el asunto llegaría hasta la Suprema Corte- tendríamos una judicialización prematura de las elecciones.
Con ello también llegaríamos, por primera vez en décadas, a un proceso electoral en el que no hay acuerdo entre las partes sobre las reglas establecidas. Y en el que esa discrepancia puede servir de pretexto para el rompimiento de toda regla, con tal de que gane “el pueblo”.
Los senadores tienen la palabra y el voto. La democracia está en vilo.
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