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Letras Desnudas

Mario Caballero

¿Hay desgobierno en Chiapas?

Lo pregunto por lo que algunos medios de la prensa local han dicho a propósito de los acontecimientos ocurridos durante los últimos días en Tila.

Algunos responsabilizan al Gobierno del Estado de todos los agravios cometidos en contra de la población y otros lo tachan de haber sido indiferente a las súplicas de la ciudadanía que pedía su pronta intervención ante la escalada de violencia en la localidad e, inclusive, lo acusan de haber abandonado a su suerte al municipio.

Me parece que estos señalamientos están hechos a la ligera. Carecen de sustento y no tienen el mínimo rigor periodístico. Es más, está clara la intención de querer llevar el asunto al terreno político, donde las ganancias suelen ser más apetitosas que cualquier disputa por derechos agrarios.

VAYAMOS POR PARTES

Tristemente, Chiapas ha sido un estado devastado y empobrecido por dos factores que no escapan a la vista de nadie. Uno es, o son, los grupos caciquiles que no sólo explotaron la riqueza de los municipios, permitiendo la creación de familias poderosas y acaudaladas, sino también se adueñaron de la vida de los habitantes, con la capacidad de instaurar gobiernos y heredar el poder entre los miembros del mismo clan.

El otro son los gobiernos del pasado, a los que les importó un comino la seguridad y el bienestar de los chiapanecos. Se dedicaron a medrar con el poder, a institucionalizar la corrupción y la impunidad y a darle paso al crimen organizado.

Ejemplos hay muchos. Ahí están los Kanter de Altamirano, familia que se adueñó del municipio durante más de 20 años, privando a la población del desarrollo, la educación, la seguridad y, por el contrario, la condenó a la pobreza y la ignorancia.

Esta estirpe caciquil está señalada de financiar y proteger a grupos armados que utilizan para amedrentar a la ciudadanía. Y mientras en el pueblo hay miles de personas que no pueden procurarse una alimentación diaria, los hijos de Roberto Pinto Kanter, exalcalde por el trienio 2018-2021, exhiben en las redes sociales su vida de lujos y excentricidades, con viajes de placer por Francia, Brasil, Japón y Canadá, y hasta en lugares considerados exóticos como Bali.

En cuanto a gobiernos deshonestos y abusivos, no hay otro mejor para ilustrar lo anteriormente dicho que el de Juan José Sabines Guerrero, que hipotecó la vida de tres generaciones de chiapanecos con un desfalco al erario que alcanza los 40 mil millones de pesos.

Por si fuera poco, este exgobernador y 50 funcionarios de su administración están denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por al menos 20 delitos, entre los que destacan el de fraude, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, delincuencia organizada, abuso de funciones, entre otros.

Sabines Guerrero también está señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

TIEMPOS MEJORES

Por tanto, cuando Rutilio Escandón Cadenas asumió el mando gubernamental, Chiapas presentaba déficits en cada rubro del gobierno. Los servicios eran deficientes, no había obra pública, la percepción de seguridad era sumamente baja, los hospitales públicos no podían ofrecerles a los pacientes ni un méndigo paracetamol y no se hablaba más que de corrupción y de la herencia de casi 400 mil pobres del sabinato.

Hoy, sin embargo, a meses de que Escandón Cadenas entregue la estafeta del gobierno, Chiapas cuenta con finanzas públicas sanas, en los más de cinco años no se ha generado deuda alguna, se han pagado más de 6 mil 567 millones de pesos de la deuda pública y pasó del lugar 30 al primero en cuanto a transparencia y rendición de cuentas.

En cuanto a obra pública tan sólo en Tuxtla Gutiérrez se han invertido 12 mil millones de pesos para la construcción de infraestructura vial, de salud, educación, servicios públicos y otros rubros.

En el área de seguridad, Chiapas registra una reducción del 58 por ciento en delitos de alto impacto, ubicándolo como el estado con menor número de víctimas de delito y con el menor índice de delitos por cada 100 mil habitantes.

Además, se han realizado mil 511 acciones a favor de la población desplazada de los municipios de Aldama, Cintalapa, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas y Zinacantán. Gracias a estas acciones responsables, miles de familias regresaron a vivir a sus hogares y hoy disfrutan de su patrimonio.

CASO TILA

Con todo ello, es un despropósito hablar de desgobierno.

El caso de Tila es una disputa por el territorio en el que dos grupos pretenden imponer sus condiciones y apropiarse de bienes, así como ejercer control sobre él.

Entiéndase, además, que el conflicto comenzó en 1966 y tiene por causa el pleito de 130 hectáreas que fueron ocupadas por el Ayuntamiento municipal. Es decir, este asunto tiene alrededor de 60 años, tiempo en el que ningún gobierno anterior trató siquiera atender, ya no digamos resolver.

Lo interesante es que este conflicto territorial derivó en un asunto político, muy bien disfrazado desde aquellos tiempos como un proyecto de autonomía.

En ese contexto, Tila se ha convertido en un escenario de movilización y formación de grupos políticos que navegan izando la bandera de las causas de izquierda, entre los que destacan Abu-Xu y el EZLN. También han surgido organizaciones de corte paramilitar, como Paz y Justicia, en los años noventa, con el respaldo y financiamiento del PRI.

Esta situación llevó a que el municipio, más allá del pleito por las señaladas 130 hectáreas, se convirtiera en el epicentro de la construcción de proyectos y procesos por el poder que se han venido desencadenando en el largo desarrollo del conflicto.

Así fue como en días recientes Los Autónomos, un grupo de ejidatarios que alegan ser propietarios de las tierras donde se alza el Ayuntamiento y se extiende el casco de la población, sitiaron las entradas y salidas de Tila y anunciaron enfrentar a una organización criminal conocida como Grupo Karma, así como realizar una limpia “casa por casa” para desterrar a los que ellos nombran como avecindados, que son personas que afirman tener documentos que los acreditan como propietarios de sus tierras.

Y con el pretexto de recuperar las 130 hectáreas, quemaron 17 inmuebles y vandalizaron 21 vehículos. Por desgracia, dentro de las ruinas de uno de los domicilios fueron encontrados los cuerpos calcinados de dos personas.

ATENCIÓN Y HUMANISMO

Tras los hechos violentos, el gobernador Escandón Cadenas emprendió las acciones necesarias para recuperar la estabilidad del municipio. De esta manera logró el aseguramiento de seis personas, quienes enfrentarán a la justicia por los delitos que cometieron en contra de la población.

El caso no quedará impune ha dicho el mandatario. Por lo cual, sigue trabajando en la localidad en conjunto con el Ejército, la Marina, Guardia Nacional, diversas instituciones de seguridad, protección civil y de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, haciendo causa común para recuperar la seguridad e impartir justicia.

No es todo. Su gobierno está atendiendo permanentemente a más de 800 personas a través de albergues donde se les provee alimentación, servicios médicos, abrigo y, sobre todo, seguridad.

A la sazón, que nadie sea llamado a engaño. En Chiapas hay gobernabilidad.

Pero también oportunistas que andan tras la caza de cualquier suceso para tratar de enfrentar a la sociedad con el gobierno.

yomariocaballero@gmail.com

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