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En sentido contrario a la realidad

Razones

Jorge Fernández Menéndez

La posición del gobierno federal sobre los muy graves disturbios de la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán, incluyendo la desafortunadísima intervención de ayer de Liz Vilchis, recuerda un viejo chiste: aquel en que un conductor escucha en la radio, mientras conduce a toda velocidad por el Periférico, que un automóvil transita en sentido contrario por esa vialidad y el conductor exclama: uno no, son miles. Que medios y periodistas de distintas posiciones y concepciones observen lo mismo no le hace revisar al gobierno sus ideas preconcebidas: los lleva a inventar una conspiración. La sola idea de calificar como “propaganda” de los grupos criminales lo sucedido: decenas de negocios, tráileres, automóviles quemados, muertos, heridos, pánico social, el negar enfáticamente una acción concertada que su propia información confirma, es tan desconcertante como decepcionante.

La explicación que muchos dan a esta respuesta tan alejada de la realidad, responsabilizando a los medios de crear un clima de terror que en realidad crean los criminales abusando de la impunidad con que muchas veces actúan, es que mientras el Presidente conserve sus niveles de popularidad no aceptará una crítica en ningún tema y que no se moverá de sus posiciones, aunque la realidad indique la exigencia de hacerlo. Puede ser, pero la popularidad presidencial, como muchas cosas en la política es una entelequia, sobre todo cuando se la confronta con la propia opinión de la gente sobre la seguridad.

Vamos a una fuente oficial, la encuesta de seguridad del Inegi, dada a conocer en julio y que analiza el segundo trimestre del año, de abril a junio pasado. Resulta que, al contrario de la popularidad presidencial, cuando hablamos de la seguridad, el 67.4 por ciento de las personas se sienten inseguras, ese índice crece hasta un alarmante 72.9 por ciento cuando se trata de mujeres, o sea que siete de cada diez mujeres no se sienten seguras en el país. Cuando esa pregunta se lleva a ciertas ciudades, los índices alcanzan porcentajes inmanejables: el 97.2 por ciento de los habitantes de Fresnillo, Zacatecas, se sienten inseguros, el 83 por ciento en Tijuana, el 78 por ciento en Mexicali, el 85 por ciento en Guadalajara, el 86 por ciento en Uruapan, el 80.5 por ciento en León, el 66.5 por ciento en Ciudad Juárez, y estamos hablando de ciudades importantes, imaginemos cómo se vive la inseguridad en las áreas marginales o las rurales que están bajo control criminal.

Cuando se le pregunta a la gente sobre qué pasará con la seguridad, un 34.6 por ciento dice que seguirá “igual de mal” y otros 28.5 por ciento sostiene que “empeorará”. O sea que más del 63 por ciento piensa que no habrá mejora alguna en esos índices. Es como una foto en negativo de la popularidad presidencial. Todas son percepciones, la diferencia es que una parte de una apreciación personal, del afecto por una persona, y la otra una percepción creada por las realidades cotidianas.

Hay un punto adicional muy preocupante: el de la confianza en las instituciones. Poner a militares, marinos y guardias nacionales a desmentir y minimizar los hechos ocurridos la semana pasada terminará afectando los altos índices de confianza que aún tienen esas instituciones, que están por encima de la propia popularidad presidencial: según la encuesta del Inegi, la marina tiene un índice de confianza del 86 por ciento, el ejército del 83 por ciento y la Guardia Nacional del 74.5 por ciento. ¿Qué sentido tiene erosionar esos altos índices de confianza con una versión a todas luces alejada de la realidad, calificando de propaganda criminal hechos que trascienden ese calificativo, y que no se atiene siquiera a sus propias investigaciones sobre lo sucedido?

Hace ya algún tiempo dijimos aquí que en los altos niveles del ejército mexicano se creía que habría una suerte de explosión de violencia en la medida en que se avanzara en los golpes al Cártel Jalisco Nueva Generación. Algo similar adelantamos también en el libro La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo (Grijalbo, 2021). Con el CJNG, decíamos, pasará algo similar a lo sucedido con los Zetas: por su propia integración, por lo centralizado de su estructura de mando al mismo tiempo que su crecimiento se da como una suerte de franquicia, esa organización criminal ante los golpes recibidos, la enfermedad de su líder El Mencho y la detención de muchos de sus familiares cercanos, terminará implosionando. Eso sucedió con los Zetas (y con los Beltrán Leyva) al final del gobierno de Calderón, con la caída de sus líderes, de sus familiares y operadores cercanos: implosionaron en medio de una explosión de violencia. Esa es una explicación verosímil y realista de lo que está sucediendo ahora con el CJNG y sus organizaciones aliadas, asociadas, con base en un enemigo común: el cártel de Sinaloa. Los hombres que están en control de las fuerzas armadas lo saben perfectamente, no tiene sentido exponer como verdad rencores políticos ajenos en lugar de exhibir una narrativa que además generaría mayor confianza en esas mismas instituciones.

Pero ya hemos visto que la realidad parece ir en sentido contrario de las percepciones, por lo menos las de Palacio Nacional.

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