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Justicia y política, los que se van y los que vienen

Razones

Jorge Fernández Menéndez

Uno de los efectos más delicados de la 4T ha sido la politización de la justicia, la utilización de fiscalías para ajustar cuentas políticas. Resulta por lo menos incongruente que cuando el país vive un baño de sangre, cuando el número de asesinatos en lo que va del sexenio, cuatro años, suma prácticamente lo mismo que los de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto juntos, cuando la impunidad se convierte en la norma de innumerables delitos, incluyendo la toma de ciudades enteras como ocurrió la semana pasada en San Cristóbal de las Casas por un grupo criminal, buena parte del aparato de justicia se concentra en ajustar cuentas políticas.

No hay investigaciones o procedimientos judiciales contra los principales narcotraficantes del país, pero como no logran armar un juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, tres años después de su detención en Texas, en México no saben cómo emitir órdenes de aprehensión relacionado contra el ex secretario de seguridad de hace una década, con tal de que lo deporten a nuestro país, incluso antes del juicio siempre suspendido en la Unión Americana. Es urgente porque sin ese proceso, se cae buena parte del discurso sostenido durante años.

Cuando aún no se termina de recuperar la fiscalía de la caída estrepitosa del caso de Sandra Cuevas y su madre, iniciado por el fiscal Gertz Manero, aparecen en fila ya otros, como los de Rosario Robles y Jorge Luis Lavalle, que podrían seguir sus procesos en libertad, porque nunca debieron estar detenidos, lo están por una decisión política, mientras que aquellos a los que se les ofreció un criterio de oportunidad, como Emilio Lozoya y Juan Collado no se ve, luego de sendos fracasos (consecuencias de delaciones plagadas de mentiras y falsas acusaciones), cómo podrán librarse de largas condenas.

En Veracruz, donde el gobernador ha hecho de la justicia y su fiscalía un instrumento de venganzas personales, incluyendo la creación de delitos considerados inconstitucionales, como el de ultraje a la autoridad que a pesar de la resolución de la SCJN mantiene a decenas de personas en la cárcel juzgados por la justicia local, el gobernador Cuitláhuac García tuvo que aceptar la liberación del secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del senado de la república, José Manuel Del Río Virgen, detenido desde diciembre pasado y acusado por la fiscalía estatal de haber ordenado el asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano sin contar, literalmente, con una sola prueba en su contra, ni una, como reconoció el juez que por consigna originalmente ordenó su detención, y como lo acaba de reconocer el tribunal que le otorgó la semana pasada un amparo definitivo.

Decisiones político-judiciales como la cancelación de permisos para operar a la empresa Vulcán (antes Calica) en Quintana Roo, o de innumerables empresas de energía en todo el país (sobre todo españolas, pero también estadounidenses y canadienses) comienzan a transformarse en procesos internacionales que tendrán costos altísimos para el país, porque son decisiones políticas que se toman al margen de las leyes. Claro, eso se explica con aquello “de que no me vengan ahora con que la ley es la ley”, pero resulta que los demás sí entienden que no se pueden violar las leyes para cumplir propósitos políticos, legítimos o no, pero que no cuentan con respaldo legal, ya sea por nuestra constitución o por los acuerdos internacionales que tienen la misma fuerza legal.

Lo que ocurre es que, de la mano con los abusos cometidos, se ha entrada ya en el cuarto año de esta administración y los márgenes políticos, aún para un presidente tan poderoso como López Obrador, se estrechan.

Lo cierto es que la sucesión ya está aquí y aupada por el propio gobierno federal. Es verdad que el adelanto de la sucesión sirve para distraer el ambiente político y mediático cuando el país se adentra en una crisis económica, social y de seguridad muy profunda, pero también adelanta todos los tiempos, desgasta y exhibe a los presuntos candidatos y también termina desgastando a las autoridades en funciones, porque comienza a percibirse lo que es una realidad: que todo poder es temporal y casi nunca puede refrendarse. Entonces muchas injusticias políticas comienzan a revertirse porque desaparece el miedo, o simplemente porque ya no se pueden mantener en el tiempo.

En este mes de julio, dentro de un mes, habrá candidatos de Morena para los comicios del Estado de México y Coahuila, once meses antes de las elecciones. El oficialismo ya lanzó la precampaña para 2024 y ya tiene sus aspirantes predesignados. En apenas un año dice que ya tendrá quién competirá para el 2024 por Morena. Las oposiciones están divididas y retrasadas, pero no nos equivoquemos, como dijo Dante Delgado, para enero próximo tienen que tener nombres sobre la mesa para empezar a competir, es una exigencia mínima, incluso para dirigencias tan debilitadas como las del PRI y el PAN.

Eso quiere decir que dentro de seis meses el país estará en plena efervescencia electoral cuando aún faltarán 15 meses para las elecciones federales y 18 para el cambio de poderes.

En ese contexto, las acusaciones judicialmente infundadas, las detenciones decididas por cálculos o rencores políticos, terminarán siendo un lastre para los nuevos aspirantes y una losa para los que abandonarán el poder, como Cuitláhuac García y varios otros. Y eso, al final, siempre tiene consecuencias.

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