Razones
Jorge Fernández Menéndez
El hijo del Mayo Zambada, El Grande y otros notorios narcotraficantes que atestiguaron en los juicios de la fiscalía de Nueva York contra el Chapo Guzmán y Genaro García Luna están en libertad, con condenas reducidas y a pesar de tener procesos abiertos en México, se han quedado en los Estados Unidos con identidades protegidas.
Ahora nos enteramos que el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, que fue uno de los más corruptos fiscales de las últimas décadas en México, que trabajó con narcotraficantes, usurpó propiedades, robó y mató, y que estaba sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos, obtuvo una reducción de diez años a su condena y podría quedar en libertad en 2027.
Veytia obtuvo una reducción tan sustancial de su condena porque lo pidió la misma fiscalía por su “sustancial colaboración” en la investigación contra García Luna y en el caso contra el general Salvador Cienfuegos. Es la dice la misma que quedó entrampada por las denuncias de manejos políticos en ambos casos: en el de García Luna con una solicitud de la defensa de que se anule el juicio ya realizado y en espera de sentencia, y en el caso del general Cienfuegos absuelto de unas acusaciones sin fundamento alguno. Pero la fiscalía de Nueva York y la agencia antidrogas siguen jugando a la política y buscando un maxiproceso contra México, que si Trump (fue en su administración donde se ideó esa estrategia) regresa al poder, se podrá reeditar a partir de enero próximo y con nuevas autoridades en la Unión Americana y en México.
El Diablo Veytia fue un personaje terrible que trabajó abiertamente con grupos del crimen organizado y puso la fiscalía de Nayarit a su servicio y el de los grupos criminales. Cuando investigamos los crímenes cometidos por Veytia en Nayarit nos amenazó y mandó amenazar por criminales a Bibiana Belsasso y a este autor, lo mismo que a nuestros reporteros. Estábamos investigando, entre otros, el despojo que había sufrido el empresario Eduardo Valencia en Nuevo Vallarta, en un caso que le costó a ese empresario 50 meses de cárcel, dos intentos de asesinato, el robo de su patrimonio y que ahora 11 años después, finalmente ha podido ganar luego de la intervención de la justicia federal y de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dicen que Veytia no fue detenido, sino que se entregó en San Diego cuando estaba punto de terminar su gestión en la fiscalía. Puede ser, lo cierto es que en 2016 rápidamente comenzó a trabajar con la DEA y la fiscalía estadounidense, para tratar de reducir sus condenas. Y con el paso del tiempo, en la medida en que esa agencia y la fiscalía tenían nuevos casos, a ellos iban adaptando los testimonios del ex fiscal nayarita.
Todo había comenzado en 2015. Unas horas antes de que asumira la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, el gobierno de Peña Nieto le hacia al nuevo presidente un regalo muy especial: era extraditado a la Unión Americana, Joaquín El Chapo Guzmán.
La extradición de El Chapo abrió la oportunidad de concretar lo que siempre habían tenido como objetivo los funcionarios antidrogas de la Unión Americana: un maxiproceso contra México, sus gobernantes, militares y funcionarios. La idea era que el juicio del Chapo abriría, como había ocurrido en el pasado con los de los grandes capos de la mafia, una cascada de indagatorias, detenciones, delaciones, que exhibieran y pusieran en el banquillo, en ese maxiproceso, a todos los presuntos responsables del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos. La estrategia se planteó con mucha claridad: sería como aquellos de la mafia en Nueva York, habría un juzgado que se encargaría de todos los casos, un fiscal, Richard Donahue, sería el encargado de llevar los procesos y la DEA sería la que los elimentaría con testigos protegidos. Los hubo mexicanos, colombianos, antiguos enemigos y viejos aliados del Chapo. Los más importantes, el hermano y el hijo del Mayo Zambada. Pero cuando en el juicio, la defensa del Chapo quiso involucrar a testigos que eran parte del narcotráfico estadounidense, ni el Juez Brian Cogan ni el fiscal Donaghe, lo permitieron, argumentado que no era el objetivo del proceso. Lo mismo sucedió años después en el juicio a García Luna.
El juicio del Chapo sirvió para activar lo que quería ser el maxiproceso. Con los testimonios de los testigos protegidos que acusaron al Chapo, se detuvo, en Texas, en diciembre de 2019, a García Luna. Ahora sabemos, por una investigación de Raymundo Riva Palacio, que esa detención tuvo el beneplácito previo del gobierno de López Obrador. El caso de García Luna, en relación con el narcotráfico, se derivaba de las declaraciones de un hermano del Mayo Zambada y de la Barbie, los dos narcotraficantes detenidos años atrás por García Luna y extraditados a Estados Unidos, testimonios que ya habían dado en el juicio del Chapo.
Testimonios no comprobados de narcos, grabaciones de delincuentes, sospechas, pero ni un solo dato duro, nada que no surgiera de declaciones de personajes criminales que buscaban que se les redujera sus condenas en el caso de García Luna, un increíble hilo de llamada interceptadas entre narcos de cuarta en el caso del General. Ahora sabemos que parte de ese hilo conductor, dice la fiscalía de Nueva York, fue el ex fiscal Veytia.
El derrumbe del caso Cienfuegos, de la mano con la derrota de Trump y de su aparato de justicia, fue el derrumbe también del maxiproceso, que ahora se querrá reeditar si llega Trump a la Casa Blanca. Con una diferencia: el de López Obrador ya no será el gobierno en funciones, será el pasado. Y el Diablo Veytia será parte de ese proceso político.
