Roger Heli Díaz Guillén
Los meses de marzo, abril y junio de cada año contienen fechas de celebraciones internacionales que expresan la preocupación de los gobiernos del mundo por proteger la tierra (2009), flora, fauna (2013) y agua (1992), cuyos esfuerzos se han traducido en lineamientos y recomendaciones para los gobiernos sobre su tratamiento basado en el reconocimiento del daño causado en la dirección de desarrollo tomado desde finales de siglo XIX con el uso del carbón, petróleo y gas usado en la industria y vida doméstica y social, así como la devastación de bosques y selvas; identificándose el grado de contaminación y cambio climático a mediados del siglo XX cuando se empezó a hablar del calentamiento global y efecto invernadero, que es el que se produce cuando la atmosfera capta el calor que desde la tierra se irradia.
En este orden y en la búsqueda de generar conciencia social y política de los gobiernos la ONU decretó el 3 de marzo como el día internacional de la naturaleza centrado en la importancia de la flora y la fauna; 21 de marzo como día internacional de los bosques; el 22 de marzo como el día internacional del agua; el 22 de abril como el día internacional de la tierra y; el 28 de junio como el día internacional del árbol, teniendo México fecha nacional del árbol por decreto del presidente Adolfo López Mateos que se celebra el segundo jueves de julio de cada año, correspondiendo este 2024 el 11 de julio; destacando el eslogan de este año de la celebración de la tierra, La madre tierra: Educación y cambio climático; que invita centrar a la educación como motor para la transformación de la conciencia por la vida.
Celebrar a la tierra y su grandeza biodiversa es un tema de convergencias de intereses por el bien común en armonía con la naturaleza que convoca la resolución 64/196 de la asamblea general de la ONU del 21 de diciembre del 2009; reconociendo que esta determinación tiene sus antecedentes desde 1968 en los Estados Unidos donde en un simposio de ecología humana surge la idea de trabajar por celebrar a la tierra en un día específico para generar conciencia sobre su protección, que dio sus frutos en 1970 cuando fue propuesto por el senador Gaylord Nelson como “Día de la Tierra”, celebrándose en este país y en muchos países del mundo su celebración.
Aunque se reconoce que se ha trabajado en el tema, se observa tristemente un proceso de decadencia en los últimos años del interés público y gubernamental sobre estas celebraciones, destacando que estas únicamente tienen un impacto mediático de declaraciones, boletines de prensa e intervenciones de organizaciones ambientalistas de la sociedad civil en redes sociales y eventos, planteando el sostenimiento del desarrollo valorando la vida en la tierra y su biodiversidad; por lo que necesariamente hoy que el destino nos alcanzó con el calentamiento global y cambio climático debe prevalecer el humanismo, voluntad y razón para replantear el formato de celebraciones en razón de ser fechas que invitan a repensar nuestra identidad con la tierra y sus componentes naturales como espacios de vida y sostenimiento de la especie humana; asumiéndola como un ser vivo que acompaña la vida del hombre y que es materia de nuestros derechos humanos colectivos vinculado a la vida, condiciones de existencia, propiedad y un medio ambiente sano; que lleva nos lleva a una preocupación en a vida pública dado el impacto a la tierra y deterioro de la biodiversidad por el desarrollo económico y sus efectos como la contaminación ambiental, calentamiento global y cambio climático.
La sociedad civil requiere de mayor información y resultados de investigaciones vinculados al daño que provoca en su vida diaria, trabajando en la conciencia y la educación para asumir la importancia de la intervención social para revertir la perdida de millones de selva y bosques, proponiendo mejora de políticas públicas; destacando que la tierra en su contenido biodiverso es un tema de las ciencias que cobró interés internacional a finales del siglo XX donde México probó su liderazgo internacional con diversas acciones de gobierno en la materia que se reconoció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil en junio de 1992, también llamada Cumbre por la tierra, aportando políticas y marco jurídico al orden internacional como fue la promulgación de la primera ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente en enero de 1988, después de diversos reglamentos y disposiciones en la materia; decretos de declaratoria de áreas naturales protegidas y; sustantivamente el fin del reparto agrario derogando la ley federal de la reforma agraria, basado en el reconocimiento de la afectación a las selvas y bosques y áreas naturales protegidas con el reparto agrario; promulgando una nueva Ley Agraria en febrero de 1992 hasta hoy vigente.
Para ser consecuentes en México por el medio ambiente necesariamente debe considerarse que el poder ejecutivo decrete respecto a las celebraciones citadas los objetivos y acciones gubernamentales en sus diversas instancias como presidencia de la república, SEP, SEMARNAT, CONANP, INPI, SEGOB, SEDATU, PA, SAGARPA, SEGALMEX, CULTURA, entre otras; así como acciones ciudadana a través de instancias de la sociedad civil; considerando respecto a las responsabilidades del ejecutivo acciones sustantivas como la comunicación e información ciudadana tendiente al fortalecimiento de la conciencia humana y la educación; evaluación del estado que guarda los bienes de interés público como la tierra, agua, naturaleza, bosques y árboles; consultas publicas para la mejora de acciones; proyectos de reformas tendientes a la salvaguarda y protección de la tierra y sus componentes biodiversos citados; festivales, concursos, exposiciones, congresos, mesas redondas, etc.
La tierra y sus formas de vida son parte del orden social y legal en México y el mundo como vinculo, pertenencia e identificación, en una estructura geopolítica de países, estados, municipios, ejidos, comunidades y la pequeña propiedad; donde en el caso de México hemos transitado del reparto agrario al ordenamiento territorial de la propiedad social que impulsó el gobierno panista y priista hasta el 2018 para documentar los derechos de sujetos agrarios y salvaguardar la biodiversidad en las áreas naturales protegidas. Hoy son tiempos del orden y normas de ciudades y pueblos rurales considerando un reordenamiento normativo, territorial y destinos de la tierra, que involucre la biodiversidad y contenido patrimonial cultural colectivo por la VIDA y la TIERRA.
