Saúl Arellano
Pasada la emergencia provocada por la pandemia de la COVID19, las tendencias de la mortalidad de nuestro país regresaron a sus trayectorias históricas y confirman lo que se ha dicho durante ya varias décadas: que la estructura de la carga de mortalidad en México es nuestro espejo social por excelencia, pues lo que nos revela es el conjunto de carencias y deficiencias del Estado en su responsabilidad de garantizar universalmente los derechos humanos.
En efecto, las tendencias de mortalidad son reflejo no sólo del incumplimiento del derecho a la salud, sino también de los derechos a la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación, al acceso al agua limpia y a la igualdad y la no discriminación, por citar sólo los más evidentes.
Sin duda alguna, las principales causas de defunción registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), están relacionadas con la pobreza, las desigualdades, la carencia e ineficiencia de los servicios públicos, y las condiciones de violencia que persisten en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el boletín de prensa 26/24 del INEGI, mediante el cual dio a conocer las defunciones registradas preliminarmente entre los meses de enero a junio de 2023, la principal causa de defunción en el país sigue siendo el grupo de las enfermedades del corazón, con un total de 97,187 personas fallecidas (51,184 hombres y 45,995 mujeres).
Como segunda causa de defunciones en el país se encuentra la diabetes mellitus, con 55,885 casos, de los cuales 29,871 fallecidos eran hombres y 28,415, mujeres. Le sigue en orden de magnitud el grupo de los tumores malignos, por los cuales fallecieron 45,409 personas, de ellas, 21,529 eran hombres y 23,880, mujeres.
Respecto de las enfermedades del corazón y de la diabetes mellitus, ambas están relacionadas necesariamente con la epidemia de obesidad y sobrepeso que persiste en el país, lo cual está relacionado, sí con hábitos poco saludables de una importante proporción de la población, pero sobre todas las cosas, con el incumplimiento del derecho a la alimentación, pues lo que tenemos en el país es un contexto generalizado de malnutrición vinculado a la pobreza y a las condiciones de movilidad limitada y de desorden urbano en todo el país.
Frente a ello, no debe olvidarse que la transición de lo rural a lo urbano sigue su marcha, y que la tendencia de crecimiento de ciudades y metrópolis sigue imparable, agudizando las contradicciones en el país, pues hay al menos 150 mil localidades de menos de 2,500 habitantes en las cuales habitan alrededor de 25 millones de personas.
Tal situación se está agravando por las terribles condiciones de violencia que azotan y asolan a cientos de miles de personas en los ámbitos indígenas y rurales, provocando desplazamientos masivos, al grado de que, según varios reportes, hay ya cerca de 400 mil personas desplazadas de sus localidades de origen por las agresiones permanentes del crimen organizado.
La cuarta causa de defunciones que registra el INEGI es el grupo de las enfermedades del hígado, con 19,819 personas fallecidas. Y en ello no debe dejarse de lado que la mayor cantidad de decesos se encuentran en los diversos tipos de enfermedades alcohólicas del hígado.
En quinto lugar, aparecen los accidentes, con 18,648 decesos; en sexto sitio se encuentran las enfermedades cerebrovasculares; y en séptimo lugar la influenza y la neumonía, por las cuales perdieron la vida, en el periodo señalado, 16,286 personas.
Mención especial merece la octava causa de defunciones, que agrupa a las diferentes agresiones (homicidios intencionales). A pesar de que hay un importante descenso en el número registrado para el primer semestre de 2023, lo cierto es que los datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública permiten prever que tuvimos nuevamente, en 2023, un año con al menos 30 mil víctimas de homicidio doloso.
En noveno sitio se encuentran las enfermedades pulmonares obstructivo crónicas (EPOC), con 9,953 personas fallecidas; y en décimo lugar aparecer la insuficiencia renal, causa por la cual perdieron la vida 7,800 personas en el territorio nacional.
Es un hecho que esta radiografía que proporciona el INEGI es un fiel reflejo de las condiciones socioeconómicas que prevalecen en nuestra sociedad. Y, sobre todo, permiten afirmar que uno de los cambios radicales que deben llevarse a cabo en la próxima administración se encuentra en el objetivo central de la política social, pues sigue planteándose que es reducir la pobreza; el cual debe mantenerse como un eje prioritario de la acción pública. Sin embargo, lo que podría asumirse como principal mandato del gobierno es reducir significativamente la mortalidad evitable, pues lo que se observa es que hay decenas de miles de defunciones que no debieron ocurrir.
Quien sea la próxima presidenta de la República no puede ofrecer, ni lo mismo que este gobierno, ni un retorno al pasado. En eso se han equivocado tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez. La primera sostiene que busca consolidar lo hecho hasta ahora, lo cual significaría llanamente consolidar el desastre. Por el otro lado, Gálvez ha perfilado una especie de retorno a algo similar al Seguro Popular, lo cual es a todas luces ni deseable ni viable.
Pensar en reducir la muerte evitable implica construir un poderoso sector social del gobierno, articulado, y que por primera vez evite la segmentación auto impuesta con la estructura sectorial del gobierno hasta hoy vigente. Algo así requiere de mucha imaginación, de un amplio diálogo nacional con las y los expertos, y sobre todo, de despojarse de dogmatismos y prejuicios.
Investigador del PUED-UNAM
