Letras Desnudas
Mario Caballero
Sí hubo corrupción. ¿habrá justicia?
A estas alturas no hay duda de que entre el alcalde Carlos Morales y la empresa Veolia existe un amasiato que les está dejando grandes fortunas con el tema de la basura.
Ayer, precisamente, se ventiló más información sobre los actos ilegales en los que están implicados. El primero se desprende de un reportaje publicado por el Diario de Chiapas, titulado “¿Quién para los negocios entre Carlos y Veolia?”.
El reportero, José Salazar, introduce así el tema de su investigación periodística: “Como si se tratara de Poncio Pilatos, la empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V. pretende lavarse las manos e incumplir con las responsabilidades establecidas en el contrato de prestación de servicios, específicamente las del anexo 15, que se estableció desde el convenio original el 15 de junio de 2006 y que se ratificó en el modificatorio con fecha 31 de diciembre de 2018”.
Resulta que cuando Veolia, entonces Proactiva Medio Ambiente, S.A. de C.V., fue contratada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezada en su momento por Juan Sabines Guerrero, se comprometió a invertir a partir del año catorce de la prestación de servicios en la reposición de dos barredoras, una pipa de agua, dos camiones de plataforma para transporte de contenedores vacíos, tres winch, un vehículo para transporte de personal, un vehículo de 25 yardas y en 38 unidades de recolección. Ese mismo compromiso lo hizo cuando firmó el contrato modificatorio con Carlos Morales Vázquez. Empero, el gerente general, Alejandro Castañón Aguilar, dejó por escrito que no cumplirá con lo establecido.
De acuerdo con lo estipulado en el convenio, en caso de que la empresa incumpla con esa obligación deberá entregar al Ayuntamiento capitalino una fianza anual por el equivalente al 50 por ciento del pago que recibe anualmente por el servicio, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, el alcalde Morales está aceptando que Veolia no pague nada, que no cumpla con lo pactado.
El reportaje cierra con una pregunta que me parece es la más pertinente dado el caso: ¿A quién está beneficiando directamente Veolia, que le permite incumplir los contratos sin aplicar las sanciones?
Sin duda, hay un proceso de connivencia entre Morales y Veolia. Un ganar-ganar. Un pacto de encubrimiento a cambio de dinero. Sí, dinero. Y debe ser mucho porque sólo con ese tipo de motivación alguien sería capaz de meter las manos por Veolia que tiene demandas por ecocidio, amenazas y que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le haya iniciado un proceso en el que se presume su responsabilidad en la muerte de más de veinte personas, entre ellos nueve niños, por diferentes tipos de cáncer que pudieran estar relacionados con el consumo de agua contaminada por el derrame de sustancias tóxicas del relleno sanitario cuya administración está a cargo esa empresa.
MÁS PRUEBAS
El segundo se refiere a un tema bastante machacado por la prensa local e incluso por este columnista: la compra por adjudicación directa de 3 mil 834 contenedores de basura que el Ayuntamiento de Tuxtla hizo a Veolia por un monto que supera los 28 millones de pesos. Pero con más pruebas documentadas de ese acto ilegal que Carlos Morales quiso justificar mediante un informe teatralizado y absurdo.
Las pruebas de que hubo fraude y corrupción en dicha compra fueron documentadas por la regidora priista Adriana Guillén Hernández, quien fue la primera en denunciar la arbitrariedad. Ayer 30 de junio, hizo entrega de ese documento a la Contraloría Municipal de Tuxtla Gutiérrez y a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.
Las irregularidades que presentó son las siguientes:
Uno. Carlos Morales siempre tuvo la intención de comprarle los contenedores a Veolia y a nadie más. Es decir, nunca pasó por su mente realizar la transacción como determina la ley, sino beneficiar a esa empresa a como diera lugar.
¿Cómo se sabe? Simple, por el acta de hechos notariada y firmada por el gerente de Veolia Tuxtla, Alejandro Castañón, en la que se da cuenta de que, desde la reunión del 15 de enero de 2020 entre miembros del Ayuntamiento y directivos de la empresa, Carlos Morales ya había pactado la compra de los bienes y hasta el método de pago.
Dos. El Comité de Adquisición del Ayuntamiento documentó la adjudicación directa conforme a la normatividad, específicamente en el artículo 76 fracción uno de la Ley de Adquisiciones del Estado de Chiapas que establece que podrá celebrarse una compra directa cuando el proveedor posee la exclusividad de patentes, entre otros derechos. Pero la justificación fue amañada. ¿Por qué?
Porque da la “casualidad” de que Veolia obtuvo la exclusividad de la empresa Sulo apenas poco más de una semana después de haberse pactado la compra en la reunión del 15 de enero. Agrego: otro argumento que esgrimieron para justificar la compra directa fue que sólo los contenedores de esa marca eran compatibles con los camiones de Veolia. No obstante, la regidora Guillén documentó que existen muchas otras marcas que cumplen con las especificaciones de los camiones recolectores y a un menor precio. En fin, se trató de una maroma del Comité de Adquisición para disimular la ilegalidad de la compra.
Tres. Los contenedores no cumplen con los requerimientos. Pues los solicitados por el Ayuntamiento tuxtleco debían tener una carga máxima de 510 kilogramos y los que vendió Veolia son de 440 kilos.
Cuatro. El jugoso negocio que Veolia está haciendo con los contenedores. Porque según esa empresa Tuxtla necesita 9 mil 800 contenedores de basura. Tomando en cuenta que cada contenedor tiene una capacidad aproximada de 410 kilos, entonces estamos hablando de que la ciudad estaría generando 4 mil 18 toneladas diariamente, cuando en realidad son sólo 650 toneladas. Es decir, son más de 8 mil 200 contenedores innecesarios, que multiplicados por los 7 mil 300 pesos en que los vendió Veolia, son alrededor de 60 millones de pesos que podría embolsarse esa empresa con la complicidad de Carlos Morales.
Cinco. La compra por adjudicación directa fue planeada. Porque además de manipular la ley a su favor, el fallo del Comité de Adquisición fue dado el 27 de marzo de 2020, cuatro días antes de que el presupuesto fuera aprobado por el cabildo el día 31 de marzo. En otras palabras, cuando se dio la adjudicación directa dicho Comité aún no tenía la aprobación del cabildo.
“Dichos ilícitos por parte de servidores públicos no pueden quedar omisos, ya que van en perjuicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, de la transparencia y de la rendición de cuentas claras que la ciudadanía de Tuxtla exige y merece”, concluye la regidora Guillén.
¿JUSTICIA O COMPLICIDAD?
Las pruebas son claras y son contundentes. Carlos Morales está abusando de su poder para beneficiar a Veolia y de paso beneficiarse a él mismo. ¿Hasta cuándo?
El alcalde Morales ha metido las manos al fuego por Veolia. La ha defendido y la ha favorecido de muchas formas. ¿Estará dispuesto a hacer lo mismo el auditor superior, Uriel Estrada Martínez, por Carlos Morales? Ya lo veremos.
Mientras tanto, la pelota está en su lado de la cancha. Como nunca la legitimidad de la Auditoría Superior del Estado está en juego. ¿Hará justicia o venderá impunidad? ¡Chao!
@_MarioCaballero
